Los hechos mandan

Los primeros pueblos empezaron a vivir en grupos organizados hace unos 500.000 años. Las dos grandes guerras mundiales cercanas implicaron una destrucción mundial sin precedentes. Dieron lugar a tratados internacionales destinados a mantener la paz entre los estados y evitar conflictos. Corporizados en la Sociedad de Naciones en 1919 y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1945, respectivamente.

El catedrático uruguayo, Eduardo Jiménez de Aréchaga, eminencia internacionalista, fallecido en 1994, enseñaba que en beneficio de la paz -entre otros- habían dos principios. Uno reza que “los contratos” -entre estados- “deben cumplirse”. A otro, en relación con la ONU, lo ejemplificaba con lo que sucedía cuando el establecimiento de los primeros pueblos en zonas vírgenes. En ellos cuando el orden público se complicaba por malvivientes el comisario a cargo reunía a los vecinos, que dejaban de lado sus tareas habituales y pasaban a ser parte de una columna policial.

Una tarea de policía planetaria así a cargo de la ONU y sus estados miembros nunca ha podido ejecutarse. Entre otras cosas porque las grandes potencias entre las que revistan Estados Unidos, Rusia y China tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad, por lo que todas las iniciativas en esta materia son bloqueadas inevitablemente. No hay otro órgano igual en la materia.

Siguiendo la orientación secular del Partido Nacional a mediados del siglo pasado Luis Alberto de Herrera, de cara a la naciente Guerra Fría por los acuerdos de los aliados en Yalta y Postdam, que repartían al orbe entre Estados Unidos y Rusia, en zonas de influencia tras la Segunda Guerra Mundial, expresaba: “Ni la sovietización de las patrias americanas, ni una estrella más de una bandera imperialista”. Aunque con realismo también decía que prudentemente los países chicos “deben tener amigos poderosos y lejanos”. En ausencia de un orden jurídico mundial respetado.

La Venezuela chavista es un estado de utilería. Su sobrevivencia rige merced a la intervención extranjera. Está intervenida militarmente desde hace más de 20 años por un ejército controlado por la dinastía monárquica de la familia Castro cubana y su oligarquía pretoriana, líder en artes despóticas y violaciones de los derechos humanos. A cambio ésta recibe petróleo y otros beneficios que dan vida a su quebrada satrapía. Su “ayuda” es organizar los servicios de inteligencia y contralor militar y policial contra la población del país. El único acto del principio de autodeterminación que ha conocido la Venezuela actual es el pronunciamiento electoral libérrimo de 2024, que consagró a Edmundo González Urrutia como Presidente constitucional, con el respaldo de la líder opositora María Corina Machado. Fue desconocido por los déspotas que usurpan el poder. La restauración de un régimen libre en el actual proceso político es un principio ético y jurídico a defender innegociable, más allá de lo necesario a la reorganización de la quebrada economía actual de ese país.

Ucrania, Rusia, Irán y otros escenarios, marcan el nacimiento de un orden global nuevo. Las prédicas acarameladas sobre un principio de no intervención hueco, como la del Frente tupamaro-comunista que gobierna Uruguay, solo apunta a defender los regímenes execrables que están en sus genes.