Una ilusión habitual en las sociedades democráticas es creer que quien gobierna puede hacer lo que quiera. Si un partido ganó las elecciones y alguien se puso la banda presidencial, entonces dispone de cinco años para decidir a su antojo.

Esta idea es varias veces falsa. Para empezar, todo gobierno democrático está obligado a actuar dentro de los límites de la Constitución y la ley. Haber ganado las elecciones no da un cheque en blanco para impulsar cualquier decisión ni para ignorar los procedimientos.

Además, un gobierno no sólo necesita legitimidad formal para tomar decisiones, sino también apoyos políticos y sociales. El presidente Vázquez tenía la legitimidad formal para declarar la esencialidad de la enseñanza al principio de su actual gobierno. Pero no contó con los apoyos políticos dentro de su propia fuerza política, ni con una legitimidad social suficiente. Como consecuencia, en cuestión de horas tuvo que retroceder.

Los gobiernos necesitan apoyos extrajurídicos para poder actuar. Esto vale como verdad general en cualquier sociedad democrática, y vale de manera especial para algo tan complejo como generar cambios en la enseñanza.

¿Qué condiciones tienen que darse para que una propuesta de transformación educativa pueda tener chances de éxito en una sociedad democrática?

La primera, y muy obvia, es que exista un gobierno convencido de que el cambio es necesario, y dispuesto a afrontar los esfuerzos y los costos que se requieran para impulsarlo.

En segundo lugar, debe haber un estado de opinión pública favorable. Si los ciudadanos no son conscientes de que existen problemas, o si no están dispuestos a dar apoyo a las iniciativas de cambio (lo que incluye estar dispuestos a soportar algunas turbulencias) no hay transformación educativa que se sostenga. Uno de los varios problemas que enfrentó la reforma Rama en los años noventa fue que la necesidad de cambiar no estaba tan clara fuera de los ámbitos especializados, y que no se hicieron suficientes esfuerzos para generar un nuevo clima.

Lo tercero que tiene pasar es que exista una base técnica capaz de sustentar el cambio. Tiene que haber buenas ideas y personas en condiciones de aplicarlas. Sólo con voluntad no se va muy lejos.

Lo último que hace falta es una base política sólida, que dé sustento al impulso transformador. Esa base debe expresarse, por ejemplo, en una mayoría parlamentaria que actúe a favor del cambio y no se deje presionar por quienes pretendan bloquearlo.

Dos de estas condiciones se cumplen hoy en el país. Existe una opinión pública preocupada por el deterioro de nuestra enseñanza (y, por lo tanto, receptiva a propuestas transformadoras) y existen las capacidades técnicas necesarias. Más interesante todavía: esas capacidades están distribuidas en diferentes partidos.

Lo que faltó en estos años son las otras dos condiciones. No hubo un gobierno dispuesto a liderar un cambio educativo genuino (por más gárgaras que se hicieran con el ADN de la educación) y no hubo un apoyo político sólido, en parte porque el oficialismo estaba dividido y en parte porque el gobierno (preso del tabú de unidad que es la tumba de los frenteamplistas renovadores) no se animó a buscar esos apoyos afuera.

Las elecciones que se celebrarán este año serán, entre otras cosas, una oportunidad para lograr que estas condiciones faltantes se cumplan.