Lo político sobre lo técnico

El gobierno decidió cancelar el Proyecto Neptuno, diseñado para solucionar de manera original el contar con un plan de respaldo de suministro de agua potable para el 60% de la población uruguaya. Contó con el visto bueno del consorcio ganador del proyecto, aunque el proyecto de obras se modificó sustancialmente.

Este cambio radical de postura oficial implica la necesidad de afrontar con mucha mayor premura un asunto crítico y urgente. Nos referimos a que el gobierno entiende que vale la pena correr los riesgos de insistir en sobrecargar aún más a la convaleciente cuenca del río Santa Lucía, construyendo una segunda planta potabilizadora en las proximidades de la longeva Aguas Corrientes y un embalse nuevo en la zona de Casupá para proveer de agua bruta, sumándose a Paso Severino y Canelón Grande.

Volveremos a depender exclusivamente de una única fuente de agua dulce, concentrando en ella sus muchas debilidades y pocas fortalezas.

Ya nos hemos referido a la pésima experiencia vivida hace un par de años, en ocasión de la extrema sequía que castigó al país, dejando en evidencia la peligrosa fragilidad del sistema de abastecimiento de agua potable del área metropolitana. Pero este cambio de rumbo del gobierno le instala al país, una vez más sobre la mesa, otro grave problema que desde hace años espera por soluciones de fondo. Nos referimos a la salud del río Santa Lucía, comprometida por diferentes niveles de contaminación de procedencia variada.

Hagamos un poco de memoria. En los primeros meses de 2013 sonó de forma estridente la alarma pública cuando el agua potable que OSE, llegaba a los hogares capitalinos exhibiendo color y cierto mal olor. La explicación del organismo fue que había aumentado la contaminación del Santa Lucía. Como era de esperar se generó un gran revuelo porque los informes técnicos eran contundentes.

Se preparó un Plan de Acción para la cuenca, con el fin de atacar las fuentes del problema identificadas: contaminación provocada por los tambos, la ganadería, la agricultura (agroquímicos), los vertidos industriales (curtiembres, químicas, frigoríficos, alimentos, aceites), operadores de residuos, efluentes de centros urbanos, areneras. En este racconto se aprecia inequívocamente la extrema complejidad que implica la gestión de la cuenca; ahora única fuente de agua para la mayor parte de la población del país, y con esa enorme carga de problemas “sobre sus hombros”.

Dos años después tomó estado público otra crisis ambiental tan seria como inocultable que sigue esperando respuestas: qué hacer con los lodos producidos en Aguas Corrientes. Este desecho del proceso potabilizador contamina al río de manera peligrosa con metales pesados, microorganismos, etc. Hace una década se planteaba la necesidad de construir una planta procesadora de lodos.

En todo este tiempo los avances han sido menores. La cuenca del río Santa Lucía continúa soportando una muy elevada y variada presión antrópica. Entonces, ¿se puede considerar una decisión sensata y acertada trasladar un proyecto complementario de suministro de agua potable de una fuente nueva e inagotable a la única existente, que es vulnerable y está comprometida?