Ley de enseñanza

Hebert Gatto

Días pasados, la Cámara de Diputados, con el voto del partido de gobierno y bajo un coro de insultos de los sindicalistas presentes en las barras, aprobó el proyecto de ley general de educación. Un complejo normativo farragoso y rutinario, que elude lo esencial del problema de la estancada educación pública, al confundir la forma de gobernarla con la urgencia de refundarla.

Quien observó lo ocurrido en los alrededores del Parlamento, transformado en zona de guerra, podría inferir que lo que se dirimía en la discusión legislativa era la libertad de cátedra o la reunificación de la enseñanza religiosa con la estatal. Nada más equivocado. Era el poder, el poder desnudo, con todas sus implicancias respecto a la futura formación, técnica, cívica y humana, de gran parte de los niños y adolescentes uruguayos. La educación de los menos protegidos, los más inermes culturalmente, aquellos que más dificultades tendrán para encontrar en sus familias y en sus ámbitos de vida, los contrapesos y equilibrios necesarios a la instrucción formal, debía serles entregada para administrarla a su arbitrio.

Todo ello cuando estos mismos sindicatos, según ellos despojados, consiguieron na-da menos que el poder de veto en la designación de los futuros integrantes de los consejos desconcentrados (que no podrán nombrarse sin la conformidad de por lo menos uno de los miembros docentes del Codicen). A lo que se suma el Instituto Universitario de Educación y el Instituto Terciario Superior, encargados de la fundamental misión de formar a los futuros enseñantes, que serán dirigidos por estudiantes, docentes y egresados, más los representantes de Anep y Udelar.

Sin embargo, pese a tamañas concesiones, cuando la ocasión para los gremios era de regocijo y no de llanto, el inefable Partido Comunista, ignorante por principios de los fundamentos de la democracia liberal que nos rige, se sumó a la protesta y votó contra la ley, violando al paso sus compromisos con su coalición política. El mejor indicio de cuál es su real compromiso ideológico.

En una misiva recientemente hecha pública, conocidos profesores, sumándose a los gremios, citan la opinión de varios intelectuales de nota de nuestro pasado, como José Pedro Varela, José Pedro Ramírez, Vaz Ferreira, Clemente Estable y otros, señalando que ellos defendían la autonomía y el cogobierno que "implica el reconocimiento de todos los ciudadanos como sujetos políticos, capaces y habilitados para pensar y resolver acerca de todos los problemas que atañen a la comunidad y a su porvenir". Advirtiendo además, que la presencia política del gobierno de turno en la dirección de la enseñanza puede poner en peligro y mutilar una educación crítica.

Quienes así opinan y citan fuera de tiempo y contexto -confundiendo Universidad con liceos y escuelas-, olvidan que en una democracia los designados con venia del Parlamento representan a to-da la comunidad y no a un sector pequeñísimo de ella. Omiten que ningún grupo profesional puede sustituir al soberano y soslayan que la formación de las futuras generaciones es un tema demasiado trascendente, que implica el destino mismo de la nación, como para abandonarla en manos de corporaciones, por más especialización que estas se arroguen.