Las quejas y sus causas

LEONARDO GUZMÁN

Un núcleo de abogados que se definen como penalistas ha hecho pública su asociación para reivindicar corporativamente los derechos de los defendidos y los fueros de los defensores.

Es totalmente explicable que se forme el grupo, para combatir unas fallas que son ostensibles y pueden enumerar a vuelapluma no sólo los curiales sino todos los ciudadanos que acuden a los Juzgados con los ojos abiertos, ya fuere como denunciantes, denunciados, testigos o reclusos.

En cambio, es altamente discutible la propuesta -apoyada por ese grupo en formación- de que la instrucción deje de dirigirla el Juez y se ponga a cargo del Fiscal. Esa solución, adoptada en otros países y manejada desde hace años en más de un proyecto, es contraria a la tradición nacional de oponerle a la policía la independencia institucional del Poder Judicial y no sólo la independencia técnica de los señores Fiscales.

Pero lo importante no es la calidad -siempre opinable- que puedan revestir las propuestas. Lo trascendente es el reclamo ético-jurídico de realzar la vida efectiva del Derecho Penal, para que no sólo aumenten las seguridades del procedimiento -en la línea garantista con la cual Ferrajolo actualiza para el siglo XXI los reclamos que Voltaire, Beccaria y Bentham plantearon en el siglo XVIII- sino que, además, se avance en la objetividad jurídica de una ciencia penal que abarque no sólo las normas sino la realidad concreta de las víctimas, los procesados y los condenados. En otras palabras: la cuestión no es sólo el modo de tramitar sino el modo de razonar.

Ahora bien. Ese tema no es relevante únicamente en nuestro Derecho Penal sino en todas las disciplinas del Derecho. E importa no sólo en los estrados judiciales sino también en la vida administrativa, comercial y civil toda -incluyendo la consulta privada, que es "un instante decisivo para la conciencia del abogado y aun para la tranquilidad pública", como enseña Osorio en El Alma de la Toga.

Al cabo de décadas de poner en valor el Derecho Procesal pero desgajarlo demasiado del Derecho de fondo, tenemos generaciones enteras a las cuales les parece natural que el tatetí del trámite -vista va, vista viene- aplace por años la resolución de lo evidente. Y eso es trágico cuando alguien está en la cárcel sin sentencia, pero no deja de ser dramático para quienes deambulan por los Juzgados no ya moviendo un abstracto "derecho al proceso" -como dice el art. 11 del actual Código General- sino ejercitando acciones que se sienten como "el medio legal de pedir lo que es nuestro o se nos debe" -como sigue vibrando el Código Requena malgrado su derogación.

La verdad es que el Derecho necesita airearse entero -y no sólo por los compartimientos estancos de sus especialidades. Como ciudadanos, es hora de asumir la responsabilidad por el sistema en conjunto, acabando con los biombos que permiten hacer como que no se ve.

Y sobre todo, es hora de leer todas las normas desde la persona, a la medida de lo humano porque, en general, han caído a la vez los sentimientos normativos -el yo soy tú de la relación igualitaria- y el rigor lógico para interpretar al Derecho como unidad sistémica capaz de aplicar la regla que a uno le enseñó Sofía Halty en la aritmética de la escuela: si la conclusión es absurda, hay que revisar el razonamiento.

Ya que sin imperatividad y sin pasión por la coherencia, no es posible cultivar nuestro Derecho con el alma que nos infundieron las Instrucciones del Año XIII.

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