La tentación revisionista

Cada gobierno, al asumir, se encuentra con una vida del Estado en curso. Hay obras en construcción, licitaciones,sumarios en proceso, tareas habituales cumpliéndose, todo lo que supone la continuidad de la administración. Una situación particular se da cuando, por haber rotación de partidos en el Ejecutivo, los que recién asumen tienen puntos de vista diferentes en algunos de esos asuntos en proceso.

Personalmente he vivido esa situación desde los dos lados. Quizás la más difícil fue cuando asumimos luego de la dictadura. Había que convalidar todas las decisiones del gobierno de facto porque, de lo contrario, paralizábamos el Estado. Un caso interesante era el de la categorización como Universidad Católica al viejo Instituto de Filosofía. La Universidad sostenía que había que no convalidar esa decisión administrativa. Otros que, aun aceptando la idea de una universidad privada, consideraban que era imprescindible la ley. Luego de mucho cavilar, resolvimos convalidar lo hecho, porque cerrar una Universidad ya reconocida era algo demasiado grave en un Estado de Derecho y porque en el fondo estábamos de acuerdo en que ciertas universidades privadas pudieran funcionar en el Uruguay junto a nuestra histórica Universidad de la República. Más allá de debates, la vida siguió; luego pudimos establecer un procedimiento confiable de validación en que participó la propia Universidad oficial y hoy el sistema público se ha enriquecido.

En otro orden, estaba en marcha la represa de Paso Severino, que muchos vecinos habían cuestionado. Lo peor era detenerse y, en buena hora, seguimos adelante. Dos años después la inauguramos y está claro que hoy, sin ella, estaríamos en estado de desesperación después de una catástrofe.

Más polémico era el proyecto de los accesos Oeste a Montevideo, también en curso, donde el trazado había sido severamente cuestionado. Desgraciadamente, ya era irreversible, por ejemplo, el atropello a la trama urbana de Santiago Vásquez. Detenerse no resolvía la cuestión y dejaba pendiente un tema imprescindible para mejorar la entrada a la capital.

Todo esto viene a cuento de Cardama y Arazatí. En el primer caso, el gobierno, prisionero de sus críticas a las compras de las lanchas guardacostas, de entrada nomás dijo que iba a la rescisión del contrato. Tenía razón en que había una garantía que no era tal, pero no se estaba delante de un estafador, que no estaba construyendo los barcos. Todos vimos las fotos de los cascos. El dinero que se había invertido estaba a la vista. Era un caso claro de abrir una negociación jurídica, procurar que el contratante ofreciera una real garantía y, si proponía algo razonable, seguir adelante. Ahí creemos que hubo un error de precipitación del gobierno. No intentó un arreglo. No procuró salvar el proceso. Desde el primer momento fue su actitud y el tiempo que pasó no aportó nada. Ahora estamos delante del riesgo que ya vimos desde el primer día: perder la millonada ya invertida, dejar las lanchas a media construcción y enredarnos en un largo juicio que terminará en el próximo gobierno, donde pagaremos o cobraremos lo que nos toque. Mientras tanto, seguirán pescando tranquilos en nuestras aguas los buques brasileños y chinos sin que nadie los controle.

A esto se añade una investigación parlamentaria llevada adelante a los gritos. La oposición tiene toda la razón en indagar por qué se siguió este camino, cuando reiteradamente se ha proclamado el secreto de las actuaciones, y porque nos aleja de la solución necesaria. Ahora la bancada oficialista responde con otra investigación. Vamos a pasar el año ensarzados en un debate que puede hundirnos en el ridículo.

Paralelamente estamos con el tema del agua. “Nos dormimos todos”, dijo el presidente Mujica en su tiempo. Creo que no todos del mismo modo, cuando el gobierno anterior dejó un proyecto en marcha para extraer agua del Río de la Plata. No nos interesa discutir la responsabilidad de los anteriores gobiernos frentistas. La cuestión es que, si seguimos hacia el futuro solo abrazados al río Santa Lucía y a su modesto afluente, el arroyo Casupá, los riesgos son enormes. No somos técnicos. Simplemente tomamos en cuenta lo que ha dicho gente que sabe, como el Ingeniero Castagnino que siempre consideró que a la larga son necesarias las dos obras. Es más: ha dicho que Casupá podría reducir a la mitad su embalse, disminuir así el costo social y ecológico, y mirar hacia el Río de la Plata donde puede haber soluciones. ¿No habrá un modo maduro de sentarse, sin prejuicios ideológicos, a rediscutir el tema Arazatí? Si por ser iniciativa privada no se puede hablar, entonces estamos ante el dogma y pobre democracia. Pero es algo demasiado importante para que nos encerremos en el debate blanco o negro, Casupá o Arazatí, público o privado.

Lamentamos que el gobierno haya caído en la tentación revisionista. Mucho mejor le ha ido en aquello que ha continuado, como en términos generales los pilares básicos de la macroeconomía, esa ciencia que nos fuera tan ajena a los políticos y que hemos ido aprendiendo a golpes. Ha mantenido el crédito, ha logrado domar la inflación y, si el dólar se ha caído, es porque de verdad se ha venido abajo en el mundo. Ahí sí que hay un desafío: logramos mejorar la competitividad o se nos vendrá la noche.

El presidente es un magistrado prudente. No es afecto a declaraciones rimbombantes. Pero hoy debe recordar aquel viejo proverbio andaluz que dice: “Que Dios te mande juicios… y que los ganes…”.