La política habitacional

Aníbal Durán Hontou

Como en muchos aspectos de la vida, la verdad tiende a ser ingobernable. Pese a ello y en este tema debemos esmerarnos para que haya aspectos de una política habitacional, que no admitan versión en contrario.

Principiemos diciendo que en nuestro país, de vieja data, no existe una POLÍTICA de ESTADO en la materia. Una política donde deberían existir puntos cardinales que trascendieran a los gobiernos y dieran una impronta de permanencia.

Hemos conversado con la ministra Muslera, presta a hacer pero también a escuchar, y está conteste con dicha idea. Ojalá pueda ser realidad en este lustro de gobierno.

Por eso siempre decimos que debe enfrentarse el problema habitacional como un problema nacional del cual la sociedad toda debe tomar debida conciencia.

En lo posible, la política habitacional debe ser compatible con el sistema socio económico existente.

El rol del Estado (lo dijo Perogrullo) debe ser confiable. Desde el punto de vista de la equidad social, debe haber normas que regulen el acceso o elegibilidad de los beneficios, las cuales deben ser objetivas e imparciales. Desde el punto de vista económico, los estímulos estatales deben dinamizar los mercados, regulándolos pero no interviniéndolos.

La acción del Estado debe ser eficiente, permitiendo y fomentando la actividad privada libre y competitiva en mercados con pluralidad de operadores e instrumentos.

Debe explicitarse los costos de su acción a través de subsidios, directos a los beneficiarios y transparentes.

La política habitacional debe tender a constituir una red amplia e integrada que llegue a todos los sectores sociales, formales e informales, conforme a los méritos, necesidades y posibilidades de cada persona.

La política habitacional (fue dicho) debe ser de largo plazo y lo suficientemente flexible para permitir cambios graduales.

La estabilidad que ello permite es indispensable para el desempeño eficiente de todos los participantes.

Sin duda alguna, quien aspira a una vivienda debe hacer un esfuerzo para obtenerla. En consecuencia, se nos ocurre que el ahorro previo es la primera condición para una sana accesibilidad y elegibilidad de aquella, razón por la cual dicho ahorro debe ser fomentado y protegido.

Además quien obtiene un crédito habitacional debe amortizarlo regularmente.

Proveer de vivienda a la población debe ser un objetivo prioritario de la política habitacional, junto con el desarrollo de acciones tendientes a incrementar el número de propietarios (si ello es posible); pero creemos que debe fomentarse también el arrendamiento (aprovechar los lugares que tienen la infraestructura) para atraer promotores privados que construyan con dicho fin.

Nos consta que la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay ha aportado a las autoridades un plan que esboza muchas de estas ideas.

Sin duda el sector privado debe ser el protagonista y se debe plasmar el principio de subsidiariedad que consiste en que el Estado se limite a desarrollar las tareas que le son propias (desarrollo urbano, atención a sectores más necesitados, dictado de normas, financiar la demanda y la oferta a través de subsidios) y el sector privado asuma todas las demás.

El Plan de Impacto que se efectivizará en el segundo semestre del año en curso, es una tarea que necesariamente debe impulsar el gobierno.

Hay que disminuir los asentamientos (cada vez hay más pese a la bonanza económica que vivimos del 2003 al 2008), bajar el costo de la formalidad (la carga tributaria del sector es excesiva), dar estímulos tributarios al promotor para que construya en lugares no tan seductores a priori, son entre otros aspectos, imperativos de la hora.

Hablamos de la vivienda (o escribimos sobre la misma): un bien primario de defensa contra los rigores climáticos, un bien de intercambio social, de inversión durable y transable, un bien que transforma a su dueño o usuario en sujeto protagonista de la economía que lo rige y que por sobre todas las cosas lo ratifica o transforma en un ser con sentido de la dignidad.