El acto conmemorativo de la Noche de los Cristales Rotos, realizado en la Nueva Congregación Israelita (NSI), debía ser un momento de memoria, respeto y unidad. Sin embargo, terminó envuelto en una polémica que no sólo fue innecesaria, sino preocupante para la salud democrática del país.
Durante la ceremonia hablaron Ruperto Long y Jorge Tocar, presidente de B’nai B’rith Uruguay. Ambos hicieron referencia al proyecto de la ANNI en Jerusalén y al cierre del acuerdo con la Universidad Hebrea. Sus palabras fueron opiniones legítimas sobre una decisión del gobierno uruguayo. Nada más. Sin insultos, sin agravios personales.
Aun así, generaron un visible malestar en el presidente de la República y en autoridades presentes.
Molestia que, sinceramente, no tiene justificación.
En Uruguay se discute. En Uruguay no se castiga la opinión.
Disentir no es atacar. Opinar no es faltar el respeto. En un país democrático, las instituciones y las personas tienen derecho a expresar acuerdos o desacuerdos con las decisiones del Estado.
Por eso sorprende que las intervenciones de Long y Tocar hayan sido interpretadas casi como una provocación. Más sorprendente aún fue la reacción posterior del Comité Central Israelita, pidiendo disculpas por algo que no fue ofensivo y hablando de si el presidente “tiene ángel” o no.
La democracia no se mide en simpatía personal, sino en la libertad para expresar ideas sin temor.
Relatos oficiales que no coinciden con los hechos sobre el proyecto ANNI – Universidad Hebrea.
En los últimos días circularon versiones que no son correctas.
Se dijo que la oficina de innovación en Jerusalén estaba “sin dirección”. Eso es falso.
Hace ocho meses advertí personalmente al presidente de la ANNI que era necesario nombrar un responsable. Él lo sabía. Que hoy se presente esa ausencia como una sorpresa es, como mínimo, engañoso.
Tampoco es cierto que el proyecto estuviera inactivo.
Tres días antes del cierre recibimos un correo del propio presidente de ANNI confirmando que Uruguay XXI asumiría la gestión del vínculo con startups israelíes, incluyendo nombres concretos de los funcionarios a cargo.
¿Qué proyecto “muerto” asigna tareas tres días antes de ser cerrado?
No fue un problema técnico: fue una decisión política.
Y las decisiones políticas son, por definición, opinables.
Un punto que se omite: los asesores trabajábamos ad honorem
Hay un dato fundamental que casi nadie menciona:
Los cuatro asesores nombrados por el propio gobierno uruguayo —israelíes, pero también uruguayos— trabajábamos de manera completamente voluntaria, sin cobrar un centésimo.
Dedicamos tiempo, conocimiento, contactos y experiencia profesional ad honorem, porque creíamos —y seguimos creyendo— que este proyecto era valioso para Uruguay.
No era un negocio para nosotros: era una oportunidad para estudiantes, investigadores y emprendedores uruguayos de conectarse con uno de los ecosistemas de innovación más avanzados del mundo.
Ese es el proyecto que se cerró de un día para el otro.
El canciller y el “yo sé lo que hago”
Ante las críticas y preguntas legítimas sobre el cierre, el canciller respondió, en esencia: “yo sé lo que hago”.
Pero eso, en democracia, no alcanza.
Un político no está ahí para defenderse como persona privada ni para pedir un acto de fe sobre su criterio. Está ahí para representar a un país y explicar por qué toma cada decisión.
No se trata de si él “sabe” o no sabe lo que hace; se trata de que la ciudadanía tiene derecho a entenderlo, debatirlo y, si lo considera necesario, cuestionarlo.
Decir “yo sé lo que hago” como argumento final es, de hecho, lo contrario a lo que debería hacer un servidor público. En lugar de aclarar, cierra la discusión. En lugar de informar, pide obediencia. Y la democracia uruguaya no se construyó sobre la obediencia, sino sobre el debate.
El problema de la desinformación que llega al presidente
Todo esto se agrava cuando da la impresión de que al presidente le llegan versiones parciales o distorsionadas de lo ocurrido: relatos que exageran, recortan o directamente cambian los hechos.
Si un mandatario se enoja por cosas que no pasaron así, alguien le está informando mal.
Ese filtro genera dos efectos graves:
1. Irrita al presidente por motivos inexistentes, y
2. Intimida el debate público, porque cualquier crítica pasa a ser tratada como un ataque personal.
Uruguay no construyó su democracia para vivir así.
Antisemitismo y responsabilidad del Estado
Decir que el antisemitismo en Uruguay crece no es un invento ni una agresión: es un hecho.
Decir que el Estado podría hacer más también es legítimo.
Y si alguien votó al gobierno y aun así señala errores, eso no lo convierte en enemigo.
Lo convierte en ciudadano.
Lo que sí daña la democracia es el mensaje, directo o indirecto, de que “no se puede hablar mal del gobierno”.
Uruguay debe cuidar su tradición democrática
Uruguay tiene una historia que honra la libertad de expresión. No puede retroceder.
Las opiniones pueden incomodar, sí. Pero no deben silenciarse.
Si un gobierno se irrita ante opiniones serenas y fundamentadas, algo está funcionando mal.
La memoria, la libertad y la democracia no se honran sólo con ceremonias, sino con la convicción profunda de que nadie debe ser castigado por pensar distinto.