Las ideas, particularmente cuando emergen como construcciones coherentes dotadas de fines políticos definidos, suelen persistir en la mente de sus adeptos, aún cuando ya hayan perdido pregnancia social. Tal lo que ocurre, aunque no únicamente, con la ideología de la izquierda que persiste en el imaginario de sus seguidores como un reflejo condicionado, como territorios tabúes, inatravesables sin reacción de sus custodios. Tal lo ocurrido con la propuesta del Secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez de abrir las empresas públicas nacionales, mediante emisión de acciones de colocación popular, con el propósito de hacerlas más eficientes.
Tan pronto la idea fue vagamente formula, más como intención que como proyecto concreto, las dudas y objeciones desde dentro de su propio partido se volvieron notorias. Sánchez había cruzado las fronteras del sagrado territorio de la izquierda clásica: amenazó las intocables propiedades estatales. Un adelanto en pequeño del futuro Estado proletario. En el caso, los viejos entes autónomos uruguayos, regulados por la Sección XI, (ARTS. 185 A 201) de la Constitución de la República. El espacio del templo donde la izquierda nacional ha depositado uno de los pocos instrumentos simbólicos que le restan: el decisivo rol del Estado en la sociedad del futuro. Entiéndase bien, no como regulador o impulsor de estrategias para el crecimiento económico con justicia social -papel que sólo niega la derecha radical- sino como actor de un único mercado. El perfecto monopolio.
Gustavo González, el senador socialista, celoso defensor de este modelo, adelantó que la propuesta no integraba el programa del Frente. La respuesta vino de un diputado del MPP quien le recordó que el programa frentista recomendaba para hacerlas eficientes reformar las Empresas Públicas. Otro le preciso que las transformaciones estaban contenidas como posibilidad en la propia Carta. Al tiempo que había sido el totémico Mujica quien recomendó estudiar el tema.
En medio de este clima sucedió lo esperable. El sindicato de Antel, parte sustanciosa del PIT CNT, y reserva moral e ideológica de la izquierda clásica, emergió airado aclarando lo que significaban estas empresas para el país y reclamando, si era el caso, analizarlas con participación de los funcionarios de los entes. Supuestos peritos, técnicos, estrategas y políticos insustituibles en su presente y futuro. Otra prueba de la persistencia de una polémica soterrada referidas al papel del Estado en la transformación del país. Promover el cambio a través de su fortalecimiento o apostar a su flexibilización para bajar el costo país, facilitar la competencia y promover inversiones. Un debate que también está en el fondo de la propuesta de gravar al sector más rico de la población, mantener la producción de cemento, jubilaciones express o apoyo a Cuba oficial.
En esta novedosa discusión tiene un rol inesperado, el MPP, el partido que gobierna el país y es capaz, no sin alguna contradicción, de promover iniciativas de este cariz, pese a formar parte de una coalición cuya mitad apenas lo acompaña. Bueno sería que la oposición tomara nota y ajustara su estrategia a esta realidad. Mutare debemus.