La cultura del secreto

La reserva, el temor, la prudencia han sido una característica muy uruguaya a la hora de darle a quien esté interesado, información concerniente a lo que hace un gobierno desde el Estado. Persiste una cultura del ocultamiento, un regodeo de la burocracia que se siente dueña de los secretos.

Un muy buen informe publicado en este diario a mediados de agosto, analizó aquello de que “el Estado no quiere informar” y dejó la sensación, pese a la existencia de una ley de Acceso a la Información Pública promulgada en octubre de 2008, que las resistencias son aún fuertes.

El caso que puso el tema sobre la mesa fue cuando ante un pedido de acceso a la información hecho por el informativo Telemundo sobre el operativo policial en un clásico reciente, el Ministerio del Interior no solo rehusó dar información sino que la clasificó como reservada por 15 años.

Esto llamó la atención porque si bien hubo críticas a como fue el operativo, el Ministerio lo consideró un éxito. ¿Por qué mantener en reserva información sobre algo que fue exitoso? Y si bien en este caso hubo un agente policial gravemente herido por una bengala, el operativo no puede haber sido demasiado diferente a tantos otros. Justamente por haber sido cuestionado, lo que correspondía es hacerlo más transparente.

La ley tiene 17 años y se aprobó con la intención de romper la exacerbada cultura del secretismo que caracteriza al Estado. Básicamente sostiene que cualquier persona tiene derecho a acceder a la información pública sin necesidad de justificar las razones por las que lo hace. Esto quiere decir que la ley no está pensada solo para periodistas e investigadores sino para cualquier persona que quiera obtener información por el motivo que sea.

La ley sensatamente reconoce que hay temas muy sensibles que deben mantenerse en reserva. Reconoce excepciones como la información que pueda comprometer la seguridad pública, la defensa nacional o la que trate de temas que afecten las relaciones internacionales, la estabilidad financiera o ponga en riesgo la vida o la dignidad de una persona. Son casos extremos.

Según el informe de El País, entre 2010 y 2023 hubo 43.066 pedidos de acceso a diferentes organismos. De esos, se respondieron 41.463 y de ese número 3.019 fueron denegadas por reserva, confidencialidad y secreto.

En su origen, el objetivo de la ley era dar un instrumento para romper con la cultura del secretismo. Su existencia debía llevar a una apertura por la cual con el tiempo todo estaría a disposición sin necesitar su aplicación.

Siempre me llamó la atención que para acceder a información elemental, los periodistas debieran poner en marcha todo este mecanismo cuando lo que corresponde es que la información se otorgue sin reparos. Solo en casos de necedad en algún organismo, había que recurrir al mecanismo previsto por la ley.

El hecho de que se use con tanta frecuencia deja al desnudo que el Estado sigue creyendo que no está obligado a dar información a los ciudadanos de este país que pagan impuestos y tienen derecho a saber.

Por suerte existe la ley, que forzó a ceder. Pero no parece haber roto ese secretismo burocrático que tanto daño hace.

Hay gente que entiende que tras 17 años de vigencia, la ley debe ser actualizada. Hubo un proyecto presentado en 2021 por el senador frentista Daniel Caggiani para ampliar los sujetos obligados a brindar información, disminuir la discrecionalidad de las autoridades para calificar de reservada una información y acortar los plazos para responder. Hasta ahora esa iniciativa sigue sin avanzar.

La ironía es que que siendo senadora, Lucía Topolansky se quejó en su momento de que esa misma ley que su Frente había promovido poco antes, era demasiado abierta y había que ponerle ciertos límites.

Eso fue una señal de la poca voluntad de aceptar que en un democracia, la transparencia en la acciones de gobierno debe ser total. El Estado no es el dueño de esa información.

La cultura es tan fuerte que siendo ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa se quejó de la cantidad de pedidos que la Cancillería debía atender. Si esa información estuviera colgada en el sitio web de la Cancillería, bastaría entrar a Internet para conseguirla, sin tramitar la aplicación de la ley, ni molestar funcionarios o acercarse a los mostradores. Es esa transparencia la que sigue ausente. La información tiene que estar: para los periodistas, para los académicos y para todo ciudadano que por la razón que sea, quiera información del Estado.

El entonces canciller, en tono de broma, se sorprendió que hasta los que hacían su tesis de doctorado tramitaran el pedido de acceso. Como si eso fuera ya un exceso.

No lo dijo de mal talante ni nada parecido, sino sorprendido de que pasara. Lo cual demostraba que esa es la manera que reaccionan desde los jerarcas más encumbrados hasta el empleado detrás del mostrador. Es la actitud de mirar a quien pide información como alguien que en realidad está molestando.

Aún queda mucho camino por recorrer.