La crisis política

Si uno fuera creyente, sostendría que los hados no han acompañado al gobierno de Luis Alberto Lacalle. Debutó con una pandemia, como pocas en la modernidad, que terminó matando a varios millones de personas; alrededor de siete mil en el Uruguay. En medio de ella, de forma absolutamente inesperada los rusos atacaron militarmente a Ucrania generando una guerra de conquista que parece no tener fin, generando inflación y un enorme desorden económico. Que por supuesto nos alcanza. En este año cuando la agresión sigue tan campante, al país le tocó en suerte una sequía de gran magnitud, algunos piensan que la mayor que hemos soportado en la historia. Como consecuencia, además de cuantiosas pérdidas agropecuarias, escasea el agua potable para la población, instalando al país en un escenario de alto riesgo sanitario. Tres acontecimientos que nadie esperaba y que lamentablemente suman sus efectos, incluso desde el punto de vista sicológico, dañando severamente a nuestra nación y a su gente.

En ese escenario no ha sido fácil el desempeño del gobierno que además de superar la pandemia en medio de las críticas implacables de la oposición, debió ganar un parejo plebiscito para sostener la vigencia de una ley de gran alcance, como la LUC, atacada ferozmente por la oposición frentista. Una situación que ahora se reitera con el faltante de agua, que se pretende imputar a la imprevisión del gobierno. Se omite que el frentismo tuvo quince largos años para implementar una solución frente a una muy posible escasez del líquido elemento, limitándose a la planificación de una presa que ni siquiera culminó en su papeleos y estudios iniciales. No obstante lo cual ahora ataca a la actual administración, por no haberla construído, sin considerar el largo tiempo que tuvo para hacerla.

En notas anteriores hemos pretendido profundizar en esta oposición, que más que una estrategia política parece remitir a un feroz enfrentamiento entre enemigos, al estilo del que preconizaba el politólogo alemán Karl Schmit, que calificaba a los partidos contendientes como adversarios irreconciliables enzarzados en una lucha a muerte. Un escenario que en algunos aspectos recuerda al sistema político argentino, donde ambas coaliciones no compiten por el poder, se odian por su intermedio. Un antecedente que la actual oposición frentista, parece empezar a recorrer.

En este clima, con sistema político debilitado, desafiado externa e internamente, la Ministra de Vivienda uruguaya, confundió su patrimonio con el del Estado. Sin el menor pudor, procedió a adjudicar inmuebles por sola voluntad a varios a sus correligionarios. Advertido el Presidente de la República, pidió su renuncia. No cabía otro camino para defender la cristalinidad en la actuación de los secretarios de estado. Pero allí desató la tormenta.

El Senador Manini Ríos, un hombre entre cándido y prepotente, líder de un partido aún en formación y con poca práctica política, entendió que la Ministra, había actuado correctamente. Nunca dijó porqué. Aún así, convencido de esa legalidad pretendió corregir al Presidente, al que criticó severamente. Pese a lo cual, su partido no abandonó la coalición oficialista. Sólo la debilitó. La mejor muestra de su falta de oficio.