La crisis en la Fiscalía

Uruguay es reconocido por su fortaleza institucional y se ubica entre las muy pocas “democracias plenas” del mundo. En efecto, el ranking anual que construye The Economist nos ubicó el año pasado en el lugar número 15 a nivel internacional.

Uno de los pilares que sostiene la calificación democrática en cualquier evaluación internacional es la credibilidad y confianza en el sistema de administración de justicia.

Por otra parte, a partir del cambio en el Código de Proceso Penal ocurrido hace ocho años, la Fiscalía ha adquirido una prevalencia muy relevante, otorgando al Ministerio Público un rol hegemónico en el impulso y las decisiones de los juicios penales que se llevan adelante en nuestro país.

Sin embargo, en forma paralela a este cambio del rol de los fiscales en el proceso penal, se han producido un conjunto de circunstancias que han afectado de manera muy seria la credibilidad de esta institución.

En primer lugar, se ha convertido en un problema muy frecuente la existencia de “filtraciones” a la prensa de información que debería ser reservada y que, por lo tanto, afecta los derechos de los ciudadanos que están sometidos a un proceso penal que no debería perforarse por conductas indebidas que constituyen eventuales delitos.

Desde 2020 en adelante se han producido numerosas situaciones de este tipo, sin que la Fiscalía que, paradójicamente, es la encargada de investigar las conductas que eventualmente se puedan considerar ilícitas, haya investigado con éxito estas frecuentes filtraciones.

A comienzos de 2020 cuando se produjo una filtración de información referida a un ex Director de la Ursec, la Fiscalía actuó con diligencia y determinó el origen de esa filtración destituyendo, incluso, a los funcionarios responsables de esos actos.

Sin embargo, posteriormente, desde allí en adelante, las filtraciones se han convertido en una situación cada vez más frecuente sin que haya habido el esclarecimiento de lo ocurrido y, en muchos casos, ni siquiera se hayan dispuesto investigaciones al respecto.

Foto: Estefanía Leal

En segundo lugar, es de conocimiento público que entre los fiscales existe una profunda división en torno a posiciones que van mucho más allá de lo técnico y profesional y que están vinculadas a adhesiones personales que proyectan posicionamientos políticos. La propia Asociación de Abogados Penalistas ha señalado que existe en la Fiscalía una grave división que afecta el funcionamiento del instituto.

En tercer lugar, durante la vigencia del proceso penal anterior los jueces mantenían una conducta de total discreción y ausencia de visibilidad pública en los medios, renuentes con sensatez a hacer declaraciones públicas manteniendo los procesos judiciales ajenos al debate público lo que generaba un clima favorable para la sustanciación de los asuntos sin la distorsión que puede generar el impacto mediático.

Por el contrario, en el marco de las reglas del nuevo proceso, algunos fiscales han asumido un protagonismo mediático y un interés por realizar declaraciones públicas que, ciertamente, no es el más apropiado para las garantías del proceso penal.

El cambio del rol y de las funciones no estuvo acompañado de un proceso paralelo de redefinición jurídica de las competencias y conductas que deben mantener los fiscales.

Es más, en el caso de los jueces el acceso al cargo en la judicatura está precedido de una formación específica en el Centro de Estudios Judiciales que tiene una duración de aproximadamente dos años, mientras que para ejercer la función de fiscal no se requiere ninguna formación adicional más que el título de abogado y el ejercicio de la profesión por dos años.

En síntesis, este cúmulo de hechos explica el deterioro creciente de la credibilidad y confianza en nada más ni nada menos que la institución encargada de investigar los delitos en nuestro país.

También esto obliga a tomar acciones urgentes para revertir esta profunda crisis de confianza y, también, superar la división interna dentro del Ministerio Público.

En primer lugar, nos parece imprescindible que se investiguen todas las filtraciones ocurridas en los últimos años y se castigue debidamente a todos los que hayan violado las leyes.

En tal sentido es destacable y compartible la decisión tomada por la actual Fiscal Subrogante, Mónica Ferrero; pero no deja de llamarnos la atención que justo cuando se resuelve investigar las filtraciones, un grupo de fiscales cuestionen por otras razones al accionar de la Fiscal Subrogante.

En segundo lugar, es imprescindible que se legisle sobre el rol y la capacitación requerida para el ejercicio de la Fiscalía, incorporando reglas claras sobre el alcance de las expresiones públicas de los Fiscales con respecto a los asuntos que tienen a su cargo. Sería bueno, por ejemplo, que también tuvieran una formación adicional, tal como ocurre con los jueces.

Finalmente, es necesario que el sistema político se ponga de acuerdo sobre quién debe ejercer la función de Fiscal General al frente del Ministerio Público y, mientras tanto, apoyar a quien actúa interinamente como jerarca en subrogación de una vacancia repentina ocurrida hace ya demasiado tiempo.

Si no avanzamos en esta dirección, el deterioro de esta institución tan relevante para el funcionamiento del Estado de Derecho se convertirá más temprano que tarde en un debilitamiento de nuestra fortaleza democrática actual.