La Caja de Profesionales está en crisis, ¿vale la pena recibirme ahora y empezar a aportar?

Desde que uno es chico está siempre la pregunta: “¿qué querés ser cuando seas grande?”. La respuesta puede ser muy variada, desde profesiones tradicionales como abogado, contador o médico, hasta algunas que no requieren título como carnicero o “el que escupe las ruedas de los autos cuando los arreglan en los boxes de Fórmula 1” (parece mentira pero es anécdota). Están aquellas influidas por familiares que no lograron ejercer esa profesión y aquellas que son motivadas por mantener el negocio familiar. Todas generan un sueño similar, el de recibirse. ¿Vale la pena cumplirlo o concretarlo ahora sabiendo que la Caja de Profesionales está en crisis y todavía no se resolvió su salvataje? ¿El apuro por cerrar el ciclo es mayor al apuro que no se demostró en todos estos años en los que se sabía que se quedaban sin fondos para sostener las pasividades y beneficios?

Entre los puntos centrales de la salida diseñada que se discute en el Parlamento en estos días, para asegurar el financiamiento y sustentabilidad de la Caja, está el incremento a 22,5% en los aportes de los profesionales activos y la creación de una "aportación pecuniaria" para los pasivos. A su vez, también se agregan el aporte de Rentas Generales y la actualización (aumento) del valor de los timbres profesionales.

Hace poco leí en X (Twitter) una discusión sobre cómo los capacitados profesionales, que estarían un peldaño por encima del resto que no está tecnificado, dejaron caer la Caja y cómo no avisaron lo que se venía. Todo esto, para luego justificar que el Estado también se debe de hacer cargo de esta implosión, porque de los siete representantes que tiene en la directiva, cinco son elegidos por los profesionales y dos son elegidos por el gobierno.

Una canción del rock argentino dice que “la culpa ajena es barata, regalarla no nos cuesta” y sabemos que de este lado del charco tenemos cierta facilidad para evadir responsabilidades.

Hay una suerte de narcisismo en todo esto porque todos debemos girar en torno de quien está mirando su reflejo, aunque la superficie en la que se mira está bastante partida y la imagen es bastante mala.

Crédito: Estefanía Leal.

Aquellos que dirigieron en la historia de esta caída, no han reconocido una mala administración y siempre se culpa a otro. De si el IASS va para el BPS, si los timbres están desactualizados, si esto o si lo otro. Todos argumentos válidos, pero sabiendo desde hace años que se iban a quedar sin reservas (en diferentes administraciones de gobierno), no se hizo pública (al menos lo suficiente) esta situación.

Los profesionales que hoy padecen este bochorno tampoco es que se hacen mucho cargo de la mala elección de las autoridades que gestionaron esta caída. En las elecciones de la directiva de la caja en 2021, de los más de 70.000 habilitados para votar, solo lo hicieron 10.358. Mucho interés en quiénes lideraban esta debacle no demostraron.

Es como el cuento del pastorcito mentiroso pero, en este caso, nadie salió a gritar en medio de la plaza que venía el lobo. Al revés, todos lo veían venir y nadie gritó fuerte. Llegó el lobo, se comió las gallinas y ahora todos tenemos que pagar el banquete que se mandó, incluso aquellos que ni siquiera tenemos participación en los beneficios que traían los huevos.

Tampoco se hacen responsables de que, cuando había que elegir a quiénes tenían que mantener las cercas para que el lobo no llegue, muchos se hicieron los desentendidos o eligieron a quiénes dejaban partes expuestas para que pase con tranquilidad.

Foto: Leonardo Mainé.

Ante la necesidad de aportes, los “cucos” de salir a “cazar” profesionales que ejercen pero que se declaran en “no ejercicio” y el de imponer aportes a los profesionales dependientes, resuenan cada vez más. Ni que hablar de que una de las partes para el salvataje de la Caja es el aporte de Rentas Generales y el aumento de los timbres profesionales, lo que lleva a que todos tengamos que participar de su financiamiento.

En 2024 hubo 3,07 aportantes por cada pasivo, mientras que según un informe de la Asociación de Afiliados de la Caja (Aacjpu), necesitaría más de seis aportantes para cubrir cada pasividad. De acuerdo a lo publicado por El País, cada uno de los activos aportantes pagó $ 13.677 en promedio (esto es, $ 164.127 anuales) en 2023, mientras que la pasividad promedio de ese año estuvo en los $ 85.835 mensuales ($ 1.030.024 anuales).

Tal vez ni es necesario mencionar que en 2023 se trabajó en una “ley exprés” para el salvataje de la Caja, pero esta no fue aprobada por falta de votos del Frente Amplio y de algunos miembros de la Coalición Republicana. Cabe recordar que algunos de los puntos más importantes para su financiamiento se comparten en el proyecto legislativo que se discute ahora, con diferentes valores de incidencia. El mismo ministro de Economía, Gabriel Oddone, declaró que entendía que esta debía haber sido aprobada y luego mejorada. Que esto fuese así, solo logró que la situación fuese más apremiante ahora, llegando al punto de asfixia en el que se está.

¿Es razonable que aquellos que no requieren del título para ejercer se reciban ahora? Siendo esto la crónica de una muerte anunciada y sabiendo que las cajas paraestatales van a converger en el BPS. Ante una clara indiferencia mostrada desde hace años por parte de los interesados y de quienes podían modificar la normativa, incluso cambiarla en un mínimo viable que no dejara a este “muerto” como responsabilidad de todos y que luego se mejoraran las herramientas para su financiamiento, ¿cuál es la respuesta? Como lo dijo una filósofa contemporánea de la vecina orilla: “Lo dejo a tu criterio”.