La autonomía de la enseñanza

HEBERT GATTO

Al cumplirse dos años de la segunda administración del Frente Amplio tuvimos oportunidad de volver a escuchar el discurso con que el Presidente inauguró su período, donde enfatizó lo que ha sido uno de los "leit motiv" de su gestión durante este lapso: la necesidad de pensar y repensar a la educación, como gran débito del país. Tan vital para el mismo que sus posibilidades de futuro equivalen a lo que logre en este campo, cuyo retraso se mide en décadas. El discurso habilitó también otra reflexión menos alegre: la pavorosa lentitud con que se procesan los cambios en el Uruguay; la distancia entre las preocupaciones y los logros de este Presidente. Un hombre, para espanto de Nicolo Maquiavelo, tan bueno como ineficaz.

Es cierto que pese a las críticas y a las demoras, algo se avanzó con el acuerdo interpartidario. No tanto por la profundidad de las medidas acordadas, ni por su amplitud, sino por el valor simbólico del acuerdo. No de un grupo sino de las grandes mayorías, o, más precisamente, de la unanimidad de los orientales para enfrentar mancomunadamente un problema que se reconoce de carácter nacional y de enorme trascendencia. En este sentido ¿qué puede resultar más gratificante en una democracia que la coincidencia en un tema de todos sus partidos políticos con representación parlamentaria? ¿No se aproxima esto al consenso ideal reclamado por Habermas o Rawls, como baremo de la rectitud de una decisión?

No es ésta, sin embargo, la visión de los sindicatos de la educación, que una vez más rechazan este pronunciamiento, al que entienden "vacío", "cupular", "sin fundamentos teóricos", violatorios de la autonomía de la ANEP. Se mencionó incluso, la promoción de acciones judiciales (cabe suponer que contra todos los partidos), por desconocer los principios constitucionales que regulan la enseñanza. Resulta hasta fatigoso argumentar contra tamaño sinsentido que pretende anular un acuerdo que abarca a todo el sistema político uruguayo o molestarse en refutar la acusación que el mismo es un manejo de elites a espaldas del pueblo. Porque si así fuera ¿el pueblo, dónde está?

Pero aún despojado de esta retórica, en tanto la Constitución menciona que la enseñanza Secundaria, Primaria, Normal, Industrial y Artística serán regidas por uno o más Consejos Directivos Autónomos, podría pensarse que la acusación encierra algo de verdad, lo que es totalmente incierto. La autonomía a que refiere el artículo 202 de la Constitución, es la autonomía del ente o Consejo, en lo referido a sus funciones y a la independencia de sus actos, pero, a diferencia de la Universidad, en nada se relaciona con la naturaleza y forma de designación de los consejeros. Los mismos, según el artículo siguiente, serán designados o electos del modo que establezca la ley. Lo que significa que la autonomía y su grado dependen de la voluntad legislativa, es decir de los partidos políticos. (art. 203)

La pretensión que la enseñanza, hablamos de "la reproducción y el futuro de la cultura de un país y sus valores así como del conjunto de destrezas, valores y conocimientos que deben adquirir las nuevas generaciones", quede en manos de los profesionales de la educación en lugar de los ciudadanos y sus representantes, como se demanda, no sólo es elitista, es profundamente antidemocrática. Sólo pensarla despierta pánico.