LEONARDO GUZMÁN
El regreso a la actividad judicial y forense merecería -como en las sociedades comerciales y las asociaciones civiles- un balance anual con memoria y proyecto. Lo merecería siempre. Pero mucho más en 2012, ya que se reabre la faena a solo trece semanas del atardecer más aciago de la historia moral de nuestra Magistratura -aquel en que estremeció al país la noticia de que una Jueza exitosa iba a prisión, por apropiarse de dineros ajenos que estaban a su orden por razón de su cargo.
Ágil y silenciosa, la Justicia se limpió a sí misma. Ese fue un gran bien. Pero visto cuánto costó la caída, no hay que dar vuelta el almanaque co-mo si nada. Del revolcón, todos salimos potenciados en el deber de revisar cada rutina, de vivir los principios, de no dejarnos llevar por el fácil copie y pegue de la computación o el ocioso así se hizo siempre.
El Derecho renace en todo instante en el alma de cada persona que lo siente. Sus cultores no debemos, pues, reducirnos a operadores del sistema sino afirmarnos co-mo protagonistas con cabeza siempre acicateada por preguntas nuevas.
De estos días: ¿qué se ganó al incorporar sofisticados requisitos que convierten cada ingreso de una demanda en un perdedero de tiempo en la planta baja de la ex ONDA?
De estos meses: ¿se justifica el horario de verano, cuando todos sabemos que la mañana se nos va volando, que no es lo mismo que un plazo venza a las 13 que a las 18 y que, con el adelanto de la hora, todos los años el 1º de febrero a las 7 es noche oscura, porque el sol sale a las 07.04, y mucho más cerrada lo es el 10 de marzo, cuando asoma recién a las 07.39?
Y de estos años, calando más hondo: ¿es aceptable que el Poder que custodia derechos no se entere de que aherroja a sus procesados en cárceles infernales que ni siquiera garantizan la vida de los reclusos, como a la vista quedó con los tres nuevos muertos que dejó la salvajada del domingo en el Com-Pen?
Preguntas como éstas nos imponen, a todos, un trabajo ciclópeo para revitalizar principios, que -por lo que a la vista está- hace falta no tanto respecto a la ética de Magistrados y curiales ni el rigor técnico de los especialistas como respecto a las ideas desde las cuales estamos viviendo hoy nuestro Derecho.
Sobre eso, las cuestiones que el Uruguay tiene en juego no son judiciales ni forenses ni ideológicas ni político-partidarias: se refieren al modo de entender la libertad.
Un caso típico es el del robot Da Vinci, que casi se convierte en tema de multa por deslizarse una doctrina según la cual la tecnología médica solo puede progresar si el Estado la autoriza.
Esa doctrina ignora que todo avance de la ciencia es fruto de la libertad e ignora que nuestra Constitución garantiza precisamente la libertad del pensamiento y la contratación. Ignora que nuestro Estado de Derecho no puede monopolizar el porvenir. E ignora que en temas como la salud -donde cada omisión cuesta vidas-, el poder de la Administración debe ejercerse en plazos razonables, para controlar y extender y no para impedir o prohibir.
Si seguimos olvidando que la libertad no es solo un derecho político sino un instrumento esencial de los riesgos y destinos que a cada uno le dan identidad, no habrá garantías en la Justicia ni reformas en los procedimientos que basten para levantarnos, pues seguiremos viendo en el Derecho un corsé preformado y no una meditación imperativa sobre la libertad creadora.