Julio María Sanguinetti
Julio María Sanguinetti

Tiempos de tormenta

Hace pocos días, el PNUD difundió su Índice de Derechos Humanos, una muy prestigiosa medición, que desde hace años pretendió superar la simplificación cuantitativa de indicadores de crecimiento económico o la presentación aislada de registros sociales.

En ese caso se toman en cuenta elementos como la esperanza de vida al nacer, niveles de educación, ingreso per cápita o necesidades básicas insatisfechas, procurando una visión de conjunto.

Este año, Chile mantuvo su puesto 42, como primero en América Latina. Uruguay está en el 57, posición muy digna pero menor que la de los transandinos.

En ese país, sin embargo, se han vivido en los últimos tiempos incidentes de una magnitud desconocida, en que -encima de una protesta civil pacífica- se instaló un clima de violencia y acoso a la autoridad que, como bien lo definió el ex Presidente Ricardo Lagos, representa una crisis global del Estado de Derecho.

El ataque incendiario sobre seis estaciones del metro indicó, ya en el primer momento, que se estaba ante la aparición de grupos de violencia organizados. Lo que vino después fue cada vez peor y si no piénsese en un millar de supermercados incendiados y 170 asaltos a comisarías en un intento ostensible de debilitar a las fuerzas de seguridad.

Todos nos hemos preguntado si detrás de esto no estaría la influencia venezolano-cubana. A estar a las declaraciones de Maduro y Diosdado Cabello, habría que aceptarlo, pero -en este caso- la confesión no es suficiente prueba, en países con debilidades económicas gigantescas. Que alienten y simpaticen, sin duda, pero los hechos llevan la mirada hacia grupos políticos radicales, tribus urbanas de marginados y muy especialmente al narcotráfico, en su pretensión de ocupar el territorio.

No es comparable esta situación con la de Bolivia, donde se vivió básicamente una crisis política como resultado del desborde cesarista de un Presidente que aspiraba a eternizarse en el poder.

Lo de Chile, en cambio, es bien parecido a lo de Francia, un país de altísimo nivel de vida, con un desarrollado sistema de seguridad social, que está envuelto desde octubre del año pasado en la protesta callejera de los llamados “chalecos amarillos”. Su acción perturbadora ha repercutido sobre el funcionamiento general del país e incluso ha producido incidentes de atropellamiento de vehículos con resultados fatales, consecuencia del desorden vial. En otros países de Europa se han sufrido situaciones análogas.

Un elemento común a todos estos movimientos es la utilización masiva de las redes sociales como herramienta de construcción de relatos contestatarios, noticias alarmistas, comunicación instantánea y convocatoria masiva.

El fenómeno se inscribe, además, en una crisis generalizada de las instituciones de representación, que están en la base de la democracia moderna, como los partidos políticos, sindicatos o las iglesias. El ciudadano se expresa por su facebook y siente que se representa a sí mismo, que discute de igual a igual con el poder y que ya no tiene necesidad de quienes han sido sus portavoces históricos, imprescindibles para la vida democrática.

Todo esto viene a cuento de las reiteradas declaraciones de dirigentes políticos y sindicales del Frente Amplio, que ya están anunciando movilizaciones, cuando ni siquiera se ha instalado el nuevo gobierno. Deben saber que en este tiempo es muy riesgoso sacar la gente a la calle en son de protesta. Que es muy sencillo que se sumen elementos desquiciados, como los que hemos visto ya en acción en nuestro Montevideo en la rambla montevideana. ¿Quién podría pensar hace muy pocos años en estas banditas autoconvocadas que salen a incendiar automóviles, romper vidrios y enfrentar a la policía, no ya sin una causa sino ni siquiera un pretexto?

El país tiene que procesar ineludibles cambios, en materias tan sensibles co-mo seguridad o educación. Y, a la vez, tomar medidas económicas que le den la imprescindible estabilidad frente a los déficit y salven de su caída al sistema de seguridad social. En esta responsabilidad está el gobierno, pero no lo están menos los actores sociales, sean oenegés, sindicatos obreros u organizaciones empresariales. Todos debemos entender que, aun con diferencias de opinión, el diálogo es el método y que la protesta callejera asume hoy riesgos impensados.

Todos debemos reflexionar.

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