Juan Oribe Stemmer
Juan Oribe Stemmer

Acuerdo y jornales

El Centro de Navegación (Cennave) y el Sindicato Único Portuario y Afines (Suanp) llegaron a un acuerdo para evitar el desastre que habría significado la aplicación del artículo 116 de la Ley de Rendición de Cuentas.

Este artículo dispone que las “empresas prestadoras en depósitos portuarios o extraportuarios, y en muelles o explanadas, deberán mantener una dotación de personal estable suficiente para asegurar los requerimientos básicos de su actividad, garantizándole a dicho personal un mínimo de 13 jornales”.

La primera pregunta que planteaba el artículo es si corresponde al legislador dictarle a las empresas prestadoras de servicios portuarios como manejar su negocio. Seguramente ellas son las más capacitadas para decidir cuándo y cómo mantener “una dotación de personal estable suficiente” para prestar sus servicios.

La Ley de Puertos y su Decreto reglamentario estipulan un conjunto de principios fundamentales para el funcionamiento de esos operadores que son suficientes como para orientar la actividad de esas empresas (y la del Estado). Incluyendo el principio de política portuaria nacional de que “La búsqueda de una mejor posición de los puertos uruguayos en el contexto regional y mundial, mediante la oferta de servicios libres, eficientes, seguros y competitivos, que inserten a nuestro sistema portuario en el máximo interés de los circuitos internacionales del transporte”.

Las intervenciones del Estado que limiten la competencia, pongan obstáculos a la iniciativa privada, o dificulten el buen funcionamiento de las empresas, por mejor inspiradas, perjudicarán la eficiencia de los puertos uruguayos y favorecerán a nuestros competidores en la región.

La segunda pregunta fue cual sería el impacto de la norma sobre los costos de la carga y descarga de las mercaderías manejadas por el Puerto. Especialmente de las exportaciones de gráneles, productos de bajo valor unitario muy sensibles a los costos de transporte y de carga y descarga, cuyos precios son fijados en los mercados internacionales.

El Cennave, la Unión de Exportadores y representantes de los sectores productivos concurrieron al Parlamento para explicar el impacto negativo que tendría el proyecto de artículo.

Fue inútil. El proyecto fue aprobado e incluido en el Rendición de Cuentas.

Que era un disparate quedó demostrado por la circunstancia de que la entrada en vigencia del artículo 116, informó El País del viernes, haya sido prorrogada once veces.

Es alentador que predominase la sensatez y que se lograse un acuerdo para mitigar el desastre.

El movimiento de cargas a granel -las que habrían sido más perjudicadas por esta disposición- del Puerto de Montevideo ha aumentado sustancialmente en los últimos años. En 1980, el puerto movió 778.627 toneladas de gráneles. En el 2018, manejó 2,3 millones de toneladas. En ese período el movimiento de buques graneleros pasó de 18 buques en el año 1980 a 183 (con un tonelaje de registro bruto total de 4,9 millones toneladas de registro) en el 2018.

Más movimiento de cargas y buques significa más trabajo.

En el caso de la actividad portuaria, la mejor política social es asegurar que haya más demanda por empleos, calificados y no calificados.

Y para ello es necesario hacer que los puertos sean más eficientes y competitivos.

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