Inseguridad rural

La seguridad pública es uno de los temas que reiteradamente aparecen como más importantes para los uruguayos.

El problema, que a partir de la década del ochenta impactó fuertemente en la población montevideana, se ha ido extendiendo para afectar progresivamente a todo el país. La seguridad pública ya no es un asunto propio de la Capital y de los centros urbanos más importantes, sino un mal al que no escapa ningún ciudadano, sin importar en qué parte del territorio de la República se encuentre.

El Parlamento, principalmente a instancias del Partido Nacional, ha procurado dar respuesta a las crecientes demandas que la ciudadanía ha formulado en este sentido. Por ello, el Poder Legislativo ha realizado los ajustes que se han entendido necesarios para adaptar la normativa a las situaciones propias de estos tiempos. Así, la expresión seguridad ciudadana ha sido y es un leit motiv reiteradamente manejado por los operadores políticos y por la población en general. Del mismo modo, buscando cumplir con uno de sus cometidos esenciales, el poder administrador viene impulsando desde hace años los cambios y reestructuras necesarios para hacer frente al fenómeno.

No obstante, para gran parte de la ciudadanía la falta de seguridad pública sigue siendo percibida como un mal propio de los centros urbanos. Lamentablemente esto ya no es así.

Hoy, la vida tanto en la campaña como en el Montevideo rural se ha tornado sumamente peligrosa. El abigeato es una de las expresiones emblemáticas de la falta de seguridad en la campaña, pero no la única. Copamientos, rapiñas, hurtos reiterados, son situaciones que los vecinos de las zonas rurales deben asumir como un dato más de la vida cotidiana.

En los tiempos que corren, parece necesario dejar de lado una suerte de visión idílica y romántica de la campaña, para la que el campo era una tierra de nadie y donde el libre deambular de personas extrañas dentro de los predios era una práctica aceptable.

El desarrollo de los medios y modos de transporte, la mayor disponibilidad de los mismos y el incremento de su velocidad han provocado que nadie pueda considerarse físicamente aislado. La realidad nos demuestra que ha proliferado una fuerte actitud de desprecio hacia la propiedad. No sólo se roba el ganado y los bienes del trabajador rural, sino que se transita impunemente por los campos, haciendo caso omiso de alambradas, cercas y porteras, sin respetar siquiera las inmediaciones más próximas a la vivienda rural. Proliferan los campamentos en montes, predios y caminos vecinales, con la invasión permanente de cazadores —supuestos y reales— que sin cumplir con las más mínimas normas de convivencia penetran en los fundos disparando a diestra y siniestra, incluso durante las horas de la noche.

Nos parece conveniente que de la misma forma que ha sucedido en otros aspectos, la legislación vinculada (Códigos Penal, de Aguas y Rural), consecuencia de la realidad y de los valores de épocas pasadas, procese los cambios necesarios para encarar las situaciones propias de estos tiempos.

Algunos legisladores del Partido Nacional, sensibilizados con el problema, hemos presentado una iniciativa que procura aggiornar una legislación que consideramos en algunos casos obsoleta, con la finalidad última de proteger la vida y bienes de las personas que viven y desempeñan actividades familiares, laborales o empresariales en el medio rural.

Tenemos la esperanza que el Parlamento en su conjunto apoye la iniciativa, para dar así satisfacción a una creciente y fundada demanda de los vecinos que desde la campaña viven angustiados con el creciente embate de la delincuencia, la que perjudica y pone en riesgo no solamente la producción nacional, sino la vida misma de nuestros compatriotas.