Inseguridad

Juan Martín Posadas

La falta de seguridad pública se ha convertido en uno de los temas del momento. Motivos no faltan. El viernes 27 de septiembre tuvo lugar un seminario sobre la cultura política de la democracia en Uruguay, basado en un informe de Barómetro de las Américas. De ese análisis surgieron algunas comprobaciones tremebundas, una de ellas refería al alto porcentaje de uruguayos que aceptaría un golpe de estado como solución para el auge de la delincuencia.

Pero vayamos despacio. Una hipótesis de golpe de estado está actualmente fuera de la cuestión; ni la mayoría de la población la sustentaría ni las Fuerzas Armadas están en disposición o condiciones de perpetrarlo. Los análisis de situación sólo son de utilidad si se manejan sobre elementos y factores verosímiles: de lo contrario son ejercicios intelectuales.

Parece más interesante recoger otro dato proporcionado por dicho trabajo que revela que "uno de cada dos uruguayos (49.8%) está dispuesto a tolerar algún grado de violación al ordenamiento jurídico para capturar delincuentes". La percepción de la gente que se trasluce en esta estadística es doble. En primer lugar la gente reconoce que el ordenamiento jurídico es el fundamento natural de la seguridad, la base sobre la cual se apoya. En segundo lugar la estadística muestra que la gente encuentra fallas en el ordenamiento jurídico o en su aplicación a la hora de garantizarle seguridad.

El problema de la seguridad pública tiene, indiscutiblemente, un componente vinculado con el Ministerio del Interior, la policía y las cárceles. O si se refiere al revés, tiene un componente vinculado con los copamientos, las rapiñas y la inseguridad en las calles. En todo eso hay un gran déficit y retroceso respecto a otros tiempos. Pero lo fundamental es la seguridad jurídica. Veamos algunos casos que ilustrarán esta afirmación.

Cuando el gobierno adopta como doctrina oficial que la ocupación de los lugares de trabajo es una prolongación del legítimo derecho de huelga está introduciendo un elemento de inseguridad jurídica, aún antes que se materialice la primera ocupación. Pero muchísimo más si el Ministro del Interior, el nefasto José Díaz, le comunica por teléfono a la Suprema Corte que no se disponga el desalojo que tenía previsto porque la policía no va a concurrir.

La seguridad jurídica tambalea cuando un diputado oficialista, el Sr. Pérez, amenaza a los jueces con no votarles aumentos de sueldo si fallan en forma diferente a lo que el gobierno quiere. Otra señal de inseguridad se siembra en la población cuando el gobierno promueve esta ley para calafatear la Caja Bancaria, obligando, sin siquiera consultarlos, a más de 4.500 funcionarios de empresas de crédito a afiliarse a un sistema jubilatorio en ruinas para salvarlo a costillas de ellos. ¿Qué se puede decir de la alteración compulsiva, por ley, de contratos firmados entre particulares, como acaba de suceder con la ley que prorroga a prepo los arrendamientos de los campos para lechería?

La inseguridad básica que inquieta a los uruguayos no la provocan los pungas sino las repetidas demostraciones de los gobernantes de su facilidad para abrazar, ellos sí, "algún grado de violación al ordenamiento jurídico" con tal de llevar adelante sus políticas. Esto es lo grave. Los discursos de oposición y los comentarios de politólogos y periodistas deberían tener un mayor grado de elaboración e incluir siempre este aspecto que es fundamental. La desvalorización oficializada de la ley y del orden jurídico es la principal fuente de inseguridad.