Impuestos y redistribución

En Uruguay se está instalando, otra vez, una idea tan difundida como peligrosa: que basta invocar la igualdad para volver legítimo casi cualquier aumento de impuestos. Se habla de “que paguen más los que tienen más”, de “gravar más el capital”, de “profundizar la progresividad”, y todo eso se presenta casi como una exigencia moral automática.

Detrás de esas fórmulas, que pueden sonar razonables cuando se las mira por separado, hay una determinada concepción del Estado, de la propiedad y de la vida económica. Esta concepción no es neutra y si se la lleva demasiado lejos termina chocando con nuestra tradición política republicana liberal.

El problema no es la existencia de impuestos pues toda comunidad política organizada necesita recursos para sostener sus instituciones y cumplir sus cometidos básicos. El problema aparece cuando se piensa el poder de recaudar como si no tuviera límites relevantes. Nuestra constitución admite la tributación, pero no consagra un poder fiscal ilimitado ya que también protege la libertad, el trabajo y la propiedad. El necesario equilibrio no es un detalle jurídico menor sino una de las bases de una república libre.

Cuando ese equilibrio se pierde, los impuestos dejan de ser instrumentos para financiar un Estado razonable y empiezan a transformarse en una presión permanente sobre quienes producen, invierten, ahorran y sostienen el funcionamiento material del país.

Este riesgo no es imaginario. Basta leer las bases programáticas del Frente Amplio, actual partido de gobierno, que proponen “avanzar en la transformación del sistema tributario” fortaleciendo “la imposición a la renta, el gran capital y el patrimonio”. También plantean estudiar formas de aumentar el aporte fiscal sobre dividendos, utilidades, patrimonios, transferencias patrimoniales de muy alto porte y depósitos en el exterior.

Y en los últimos tiempos algunos sectores insisten con un impuesto del 1% a los “ricos”, pese a que Uruguay ya tiene desde hace muchos años un impuesto al patrimonio de las personas.

Frente a eso, conviene tener claro que la función normal de los impuestos, en un Estado como el uruguayo, no es igualar materialmente a los ciudadanos. Que puedan tener efectos redistributivos razonables es otra cosa. Su función principal es financiar los cometidos legítimos del Estado: seguridad, justicia, infraestructura, educación, salud, políticas sociales razonables, protección de quienes no pueden valerse por sí mismos y otros servicios públicos que una sociedad libre decide darse. Pero un Estado razonable no vive en expansión automática ni convierte cada desigualdad en argumento para un nuevo impuesto.

Una cosa es sostener un Estado de bienestar compatible con la libertad, la propiedad, los incentivos y el crecimiento. Otra muy distinta es asumir que toda desigualdad material es, por sí misma, una injusticia que debe ser corregida por el fisco una y otra vez, sin límite claro. La primera posición pertenece a una tradición republicana liberal o socialdemócrata moderada. La segunda se acerca a una lógica igualitarista sin freno, de cuño marxista, cuya consecuencia natural es la sospecha permanente sobre la riqueza privada y la expansión continua del poder estatal.

Quien rechaza nuevas subas de impuestos no está, por eso solo, negando la solidaridad ni defendiendo privilegios indebidos. Puede estar defendiendo algo mucho más elemental: que el Estado no confunda justicia con nivelación, ni política social con hostilidad hacia la prosperidad. También puede estar defendiendo una verdad básica: en cualquier país serio, quienes generan riqueza, invierten, emprenden, ahorran y trabajan intensamente no son los enemigos de la sociedad sino quienes, en buena medida, la sostienen.

La economía, por lo demás, no perdona ciertas ilusiones. Si se castiga demasiado la generación y conservación de riqueza, se reduce la inversión. Si se vuelve sospechoso el éxito económico, se desincentiva el esfuerzo. Si se convierte a los contribuyentes de mayor capacidad en una categoría políticamente disponible para ser gravada una y otra vez, se favorece la salida de capital, la deslocalización de personas y proyectos, la menor acumulación y, a la larga, una base tributaria más débil. No hace falta convertir esto en una discusión técnica sobre la curva de Laffer. La idea de fondo es más elemental: no siempre gravar más significa recaudar mejor, y muchas veces hacerlo termina reduciendo inversión, actividad, base imponible y posibilidades futuras de recaudación.

Por eso este debate no debería quedar limitado a quienes proponen nuevos impuestos y a sus adversarios ideológicos más acérrimos. Debería interpelar, ante todo, al centro político y cultural del país: liberales, republicanos, socialdemócratas moderados, batllistas y wilsonistas sensatos, rawlsianos de buena fe y defensores de un Estado de bienestar compatible con una economía viva.

Es decir, a una parte muy amplia del Uruguay, que son quienes más valoran la libertad, la justicia social, la propiedad, la moderación institucional y la calidad de vida que el país ha logrado construir a lo largo de su historia.

Una cosa es proteger a los vulnerables. Otra, muy distinta, es convertir la política fiscal en un mecanismo de igualación interminable y contraproducente. Uruguay necesita crecimiento, inversión, estabilidad, reglas previsibles y un Estado sobrio en sus pretensiones. La propiedad privada no es una concesión precaria del poder político sino una institución central de la libertad. Subir impuestos no es siempre prueba de sensibilidad social, así como resistir nuevas subas no es siempre defensa egoísta de intereses particulares.

A veces, muy por el contrario, resistir nuevas subas de impuestos es una forma de defender al país de una deriva que, invocando justicia, puede terminar debilitando las condiciones que hacen posible sostenerla.