Hincar el diente

Que el principal custodio del presidente de la República haya sido imputado penalmente por integrar un grupo criminal que falsificaba documentos en favor de rusos, llevó naturalmente a cuestionarse quién y cómo lo designó.

Lacalle Pou se hizo cargo: asumió el gravísimo error de confiar un lugar tan relevante para la seguridad de la primera magistratura del Estado, a una persona con decenas de anotaciones policiales que, por cierto, le fueran oportunamente informadas. Además, el presidente reconoció que si hubiera sabido que Astesiano contaba con antecedentes penales, no lo hubiera contratado.

Luego de la detención de Astesiano -sobria e impecable, y que habla muy bien de nuestra institucionalidad democrática-, presidencia limpió del equipo de custodios de Lacalle Pou a varios integrantes que, como Astesiano, también tenían anotaciones policiales: se enmendó así, rápidamente, otro error tan mayúsculo como asombroso y que seguramente fuera consecuencia de una decisión de Astesiano (pero infelizmente legitimada por presidencia, al menos tácitamente, durante varios meses).

Luego de la información que aportó el ministro Heber al Parlamento, lo que podía ser definido con toda razón como un error muy serio de esta administración, se transformó en un problema institucional gravísimo. Resulta que cinco custodios en la presidencia de Mujica y siete durante las dos presidencias de Vázquez tenían antecedentes; incluido Fabra, el jefe de la custodia presidencial de Vázquez, quien, además, está hoy contratado por la intendencia de Montevideo para tareas de seguridad.

Quiere decir que desde que el Frente Amplio (FA) en el poder cambió el sistema de custodia presidencial, que hasta ese entonces dependía de la Casa Militar, todos los presidentes contaron en sus equipos de seguridad con miembros con antecedentes penales, algunos de ellos muy graves, como asistencia al narcotráfico, lesiones personales, estafa o uso y retención ilícita de armas. Realmente increíble: es como si se describiera el cuerpo vigilante de un capo mafia de los años 1920 de Estados Unidos, o el de la Albania de Hoxha o el del Zaire de Mobutu.

Debemos volver al sistema institucional que resolvía bien el tema de la seguridad presidencial, dejándola en las manos de militares profesionales que corresponden, que se dejó de lado por la sempiterna e infantil desconfianza izquierdista a las Fuerzas Armadas en 2005, y que por las urgencias del país por un lado y el mal criterio presidencial por el otro no se reinstauró en 2020. Como con el caso del pasaporte al narcotraficante Marset, el episodio Astesiano da cuenta de malas aplicaciones concretas, bajo esta administración, de pésimas decisiones de cambios decretadas durante los gobiernos del FA.

El gobierno cuenta con una legitimación popular muy amplia para cambiar, reformar y modificar este tipo de microherencias que, en diversos ámbitos del Estado, tienen como resultados malas políticas públicas: desde la inflación de trámites burocráticos en el Ministerio de Ganadería que complican al mundo productivo, pasando por los déficits del portland de Ancap, y terminando por este bochorno que lleva años en la custodia presidencial, los ejemplos se cuentan por decenas. Hay que hincarles el diente.