Haz lo que yo digo...

En estos días la Corte Electoral dio a conocer la fecha en que se realizará el plebiscito impulsado por el sindicato de funcionarios de Ancap y por el Frente Amplio.

A diferencia de lo sucedido en otras oportunidades, esta vez, se procuró generar un marco de apoyo político lo más amplio posible, y para ello los representantes de todos los partidos políticos llevaron adelante una negociación que culminó en un proyecto de ley que luego fue rechazado por la Mesa Política del Frente Amplio.

Como están las cosas, parecería que en Uruguay nunca será posible definir políticas de Estado a largo plazo, que procuren una estructura administrativa eficiente y alentadora del desarrollo de la actividad privada, sin que por ello se resigne el papel fiscalizador y regulatorio del poder público en defensa de los intereses nacionales.

Definitivamente, ni una ni otra cosa resultan ni por asomo incompatibles. Sin embargo, cuando examinamos el hilo argumental de campañas como la que impulsara el plebiscito por la ley de Ancap o la relativa a la autodenominada "Defensa del Agua", así como el tenor de las voces que se levantan en contra de cualquier atisbo legislativo o reglamentario que propicie la participación del sector privado en vinculación con la actividad pública, parecería que se tratara de conceptos imposibles de conciliar. Y ello, por cuanto las cosas no han sido abordadas en su debida forma. No se persigue un debate sincero sobre los argumentos de fondo que subyacen en estos temas, sino que se busca ex profeso alejarlo del centro de la cuestión.

La participación privada en la gestión pública parece ser un concepto proscrito, cuando del Estado se trata, cuya simple evocación despierta las más frontales oposiciones, sin reparar siquiera en el contenido y alcances de la propuesta.

Así, mediante la instalación de confrontaciones artificiales se obscurecen y desnaturalizan conceptos que apreciados tanto desde la perspectiva del derecho nacional y comparado, como desde la experiencia práctica internacional, tienen un contenido y alcance nítidamente acotado y distinto a lo que desde la barricada suele "denunciarse" como "intento de privatización".

De tal forma, los conceptos de modelos de gestión público-privado, de mecanismos alternativos, o bien la redefinición de estructuras públicas para la mejor gestión de determinados servicios, son lastimosamente descalificados. Les son atribuidos obscuras intenciones de pretender vender el rico patrimonio de los Orientales. Precisamente, es en defensa de tal patrimonio que debe procurarse adaptar la gestión pública a los tiempos que corren. Y por eso, de una vez por todas debe aceptarse que las iniciativas que contemplan la coparticipación público-privada no resultan por ello perjudiciales para los intereses de nuestro país. Obviamente, los distintos matices, la oportunidad y conveniencia de la implementación de nuevos modelos de gestión, y tantos otros factores decisivos admiten por cierto discusión, pero en todo caso, resultaría éste sí, un debate enriquecedor y productivo. Es paradójico que cuando se trata de fomentar la actividad privada, estamos todos de acuerdo; derecha, centro e izquierdas, incluso cuando se trata de amparar a los proveedores del Estado. Ahora bien, cuando la cosa se deriva a que el particular, aun en una mínima expresión, participe en el ejercicio de la gestión tradicionalmente reservada al aparato estatal, aparecen enseguida los autoproclamados defensores de la cosa pública. Parecería que en definitiva aquélla no se redujere a la suma de las acciones privadas de todos los individuos de los que ulteriormente se nutre y legitima. Y resulta también paradójico que esa "defensa de la cosa pública" no la practique el Frente Amplio donde es gobierno desde el año 1990.

¿Será por aquello de "haz lo que digo y no lo que yo hago"?