Gato sin cascabel

Nunca el Frente Amplio respondió a convocatorias patrióticas ineludibles. Así, hicieron mutis por el foro, cuando en 1991 ante un informe de la Facultad de Ciencias Económicas que anunciaba la catástrofe de la previsión social, el presidente Lacalle Herrera convocó a todos los partidos políticos y organizaciones gremiales de empleadores y empleados para buscar soluciones. Se hicieron cargo blancos y colorados. Llevó cinco años de estudio llegar en 1996 a la sanción durante la segunda presidencia del Dr. Sanguinetti, de la ley 16.713. Lo mismo ocurrió durante la reciente presidencia del Dr. Lacalle Pou promoviendo nueva legislación que consolidara al sistema.

La ley 16.713 estableció un innovador sistema mixto compuesto por un aporte de contribuciones de empleadores y trabajadores basado en el principio de solidaridad intergeneracional. Por el que los activos financian a los pasivos. Sumando al ahorro individual, que desde 2023 es obligatorio. Suma a la pasividad anterior.

Cada trabajador tiene una cuenta personal de su propiedad, -transmisible a sus herederos- gestionada por una Administradora de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). Son entidades privadas y la de mayor caudal de depositantes es República AFAP, gestionada por diversas instituciones del Estado. Las AFAP invierten dentro de un espacio reglamentado los fondos a su cargo. Una masa financiera autónoma, ajena a desviaciones especulativas. Esta solución obedece a que en Uruguay el número de nacimientos cae sostenidamente y la cantidad de activos disminuye lo que pone en riesgo al sistema de reparto intergeneracional. El ahorro salva al depositante de los riesgos de la caída de la recaudación.

Hasta hoy el sistema ha funcionado bien. Desde el Frente socialista del siglo XXI doméstico, con gesto de cariño del Ministro de Economía Oddone, aparecieron propuestas para alegrar a la hinchada. Se habla de mantener la edad jubilatoria en 60 años, algo que la demografía no permite. También de pasar los fondos de pensión a una administración estatal ¿Alguien imagina a los comunistas con las manos metidas en esta masa monumental de plata? Recuérdese lo ocurrido con el Fondo Social de la Construcción...

Cerrando esta columna citaré algunos números, relativos al período 2024-2025. Redondeando el PBI de Uruguay -valor de todos los bienes y servicios producidos en el país- se situó en 85.000 millones de dólares. Y, el PBI por habitante en USD 24.000.

El costo total del Banco de Previsión Social se ubicó alrededor de los 19.000 mil millones de dólares. Fuera de sus ingresos por aportes de afiliados, el Estado del tesoro nacional le asistió con entre 1.800 a 1.900 millones de dólares. A ello hay que agregar los impuestos afectados al sistema como el IVA, el IASS, etc. que son del orden de los 4.000 a 5.000 millones de dólares anuales. Este aporte ubica a la asistencia en un total de aproximadamente USD 6.000 millones anuales. Dividido entre 3.500.000 habitantes representa de 1.400 a 1.500 por persona al año.

A lo anterior debe sumarse el costo del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que a sus ingresos fiscales asignados ha agregado en el último ejercicio un déficit récord de 946 millones de dólares. El déficit fiscal del Estado se explica casi en su totalidad por la asistencia al BPS y el Fonasa.

¿Quién le pone el cascabel al gato?