El señor fiscal de Corte interino, Dr. Juan Gómez, sufrió un quebranto de salud que le impuso internarse y pedir licencia por un mínimo de 30 días.

Hace unos tres años, como fiscal de Homicidios, el Dr. Gómez fue operado del corazón. Cuando recibió el alta, no pidió que lo pasaran a una función menos ensangrentada. Reasumió a pleno. Esa actitud honra su foja de servicios. Merece respeto y solidaridad, por encima de divergencias.

Durante esta licencia médica del Dr. Gómez, deberá aplicarse el art. 27 de la ley 19.483, que manda reemplazar al titular por “el fiscal de Montevideo con mayor antigüedad en el cargo”.

En el caso, se inviste como subrogante a la Dra. Mónica Ferrero, quien a los años de ejercicio suma el talento y el prestigio bien ganado como fiscal de Estupefacientes. Con esos antecedentes, está en muy buenas manos la subrogación transitoria del fiscal de Corte interino. Cabe desear que en las próximas semanas el sistema nacional de Fiscalías trabaje en orden, con eficacia y en paz.

Pero el tema no se agota en apreciar la calidad de la señora reemplazante ni en escribir perogrullescamente en el comunicado oficial que “La Fiscalía General de la Nación reafirma su compromiso con el Estado de Derecho y con la regularidad en la prestación de tan importante servicio para la población”. Por encima de lo episódico, sobrevuela la conciencia pública de que a un cuerpo especializado que es primordial para el Derecho todo -y muy especialmente para el adefesio procesal penal estrenado en 2017- se lo está dirigiendo desde hace más de dos años en régimen de interinato.

Ahora, la obligada subrogación del subrogante deja a la vista que, por no conseguirse el voto de los 18 senadores constitucionalmente necesarios para nombrar a uno o una fiscal de Corte, tenemos un servicio entero creciendo en potestades, ensayando transas y acumulando atrasos, tapizadas las paredes por reclamos del personal y decorados los edificios con pasacalles clamando por equiparación. Todo dirigido desde un provisoriato impropio del respeto que la Constitución, el Poder Judicial y todos los agonistas de la vida jurídica le hemos tenido siempre a la noble institución Fiscalía de Corte.

El elenco político está en deuda con el Estado de Derecho por mantener semejante cabeza rectora en régimen de interinato, y ahora en subrogación del interinato.

Las instituciones implican continuidad y certeza. Por tanto, no es normal que todos acomoden el cuerpo y esquiven conseguir los 18 senadores, cuyo voto hace falta para ungir a un fiscal de Corte, con la regularidad que manda la Constitución y la claridad inspiradora que requieren los hórridos hechos de actualidad.

El Uruguay tiene la oportunidad de darle un fuerte espaldarazo a su Estado de Derecho, si en gesto de grandeza la coalición gobernante y la coalición opositora acuerdan designar a un Fiscal de Corte titular, quien reordene el servicio sin trabajar en estado de quién sabe. Hace falta un jurista que, sin personalismo, se constituya en garantía, por encima de los partidos políticos y de las críticas, reclamos y disensiones que han perlado en estos años.

No es imaginable que ese jurista no exista. Y en conciencia de Derecho, no es legítimo resignarse a seguir pateando el tema contra el inexorable calendario.