A medida que crece la conciencia social acerca de la importancia que tiene el cuidado del ambiente en términos de bienestar humano y de planificación de un futuro que llegue a ser sustentable, se comprende mejor el valor de la educación enfocada a esos horizontes.

El camino ha sido arduo y sinuoso, plagado de dificultades pero caracterizado por contar con el estímulo de la férrea convicción de sus impulsores.

La llamada educación ambiental no es otra que la mejor herramienta disponible para la formación de las personas de este siglo. En nuestro país sus despliegues son múltiples, abarcando tanto los ámbitos públicos como privados. Disponemos de un elevado número de organizaciones civiles dedicadas a su promoción, abordando una amplia gama temática, así como de objetivos y de públicos destinatarios.

Si nos circunscribimos al terreno de la educación formal, constatamos la existencia de muchas instituciones educativas que, de distinta manera y dedicación, han dado cabida a la formación ambiental en sus actividades curriculares y extracurriculares.

Ante la falta de una política nacional en materia de educación ambiental, los centros educativos y los cuerpos docentes aprovechan de diversas maneras la libertad de acción que tienen, aunque a nuestro entender esta realidad dista mucho del ideal porque tiende a dispersar esfuerzos, aumentar costes y desaprovechar experiencias exitosas.

Como sabemos las acciones de formación ambiental se despliegan tanto en el sector educativo como en otros ámbitos de la sociedad civil, convencidos de que hay mucho por hacer en materia de la formación del individuo.

Dentro de las estructuras gubernamentales el tema está presente aunque debería exhibir una robustez muy superior.

Nos preocupa la situación que se da fuera de la ANEP y del Ministerio de Educación, porque consideramos que desde allí se debe asumir un constructivo protagonismo, de gran valor complementario en materia de educación ambiental.

En particular nos referimos al Ministerio de Ambiente que aún no ha definido bien, ni ha resuelto satisfactoriamente su papel en esa materia.

Recordemos que en el inciso G del art. 292 de la ley que lo creó (Nº 19.889) en julio de 2020, se especifica su competencia en materia del fomento de la conciencia ambiental de la ciudadanía, a través de procesos participativos de educación ambiental, que estimulen un compromiso inclusivo de los ciudadanos en las acciones y procedimiento destinados a asegurar un desarrollo sostenible.

Si no dispone de los recursos humanos, materiales, presupuestales y de infraestructura que hagan posible cumplir cabalmente con sus responsabilidades en materia de educación ambiental, seguirá postergando esta responsabilidad, llamada a contribuir en la construcción de una sociedad más justa, sana y comprometida.

A esta altura la educación ambiental debería ocupar un lugar de privilegio en la formación de nuestra gente, porque así lo demandan los tiempos que corren.

Cada contribución que se realice en ese sentido, es muy bienvenida. Pues los éxitos que se alcancen serán comprobaciones de madurez y crecimiento social.