Explicación peligrosa

En estos meses, una y otra vez, el INAU vuelve a ocupar los titulares. Y casi siempre por motivos dolorosos: muertes de niños y adolescentes que se encontraban bajo el amparo del sistema de protección del Estado.

La reacción inmediata suele ser la misma: reducir lo ocurrido a una institución. Es una explicación cómoda -y peligrosa-. En materia de infancia y adolescencia, el problema nunca es un organismo aislado. Y decir esto no implica, bajo ningún aspecto, excusar al INAU, que tiene mucho para revisar y cambiar.

En estos días murió un adolescente que se encontraba bajo amparo del Instituto, internado en un centro de salud mental. La presidenta del INAU, Claudia Romero, sostuvo que estas muertes están asociadas a una “fragilidad sanitaria”. La expresión no es incorrecta. Pero, por sí sola, resulta insuficiente si no se la inscribe en una mirada verdaderamente sistémica.

Las políticas públicas de infancia no funcionan por compartimentos estancos. Dependen de una arquitectura compleja e inevitablemente interinstitucional. Salud, educación, justicia, protección social y territorio deben operar de manera simultánea o, sencillamente, no operan. Cuando esa coordinación falla, el fracaso no es sectorial: es sistémico.

No se trató, en su momento, de diagnósticos retóricos, sino de decisiones concretas. En 2024, al asumir la presidencia del INAU, intentamos intervenir precisamente sobre esos puntos críticos.

Presentamos un convenio con ASSE para fortalecer la atención en salud mental de niños y adolescentes bajo protección del Estado. La propuesta fue remitida por Oficio N.º 34057/24 y aprobada por mayoría del Directorio del INAU.

Asimismo, elevé al Directorio un plan de 14 puntos para reformar el sistema de protección de 24 horas -uno de los dispositivos más tensionados y frágiles del sistema-, que también fue aprobado por mayoría.

Entre las medidas centrales estuvo la propuesta de creación de centros regionales terapéuticos, concebidos como un “puente” entre la hospitalización clínica y el acogimiento residencial. El objetivo era generar dispositivos adecuados para adolescentes con necesidades complejas -problemas de salud mental, consumo problemático de sustancias, trayectorias de alta vulnerabilidad-, incorporando un componente terapéutico explícito e integrado al sistema de salud mental y al sistema hospitalario. No se trataba de crear recursos aislados, sino de construir un continuo coordinado de atención (Expediente N.º 2024-27-1-0033980). Esta propuesta también fue aprobada por mayoría del Directorio.

La evidencia empírica acumulada es contundente: las tasas de problemas de salud mental en niños y adolescentes que viven en acogimiento residencial son significativamente más altas que en la población general. Frente a esta realidad, el rol del INAU no puede ser el de un sistema cerrado sobre sí mismo. La derivación efectiva a ASSE es indispensable para garantizar tratamientos oportunos en psiquiatría infantil y adolescente, así como abordajes especializados en consumo problemático de sustancias.

La experiencia demuestra, una y otra vez, que la coordinación entre el sistema público de salud mental y las funciones de amparo y protección del INAU no es un complemento deseable: es una condición indispensable. Cuando esa articulación falla, el sistema llega tarde. Y cuando llega tarde, el daño ya está hecho.

El diagnóstico debe ser temprano e integrado. La trazabilidad longitudinal, obligatoria: sin trazabilidad no hay política sistémica posible. Las intervenciones, graduadas y proporcionales, deben organizarse como una verdadera escalera de respuestas -universales, focalizadas e intensivas- ajustadas a la evolución de cada niño y cada adolescente.

Las metas tienen que ser claras y verificables, con resultados esperados expresados en indicadores concretos. La coordinación interinstitucional, a su vez, debe tener poder real: información compartida, responsabilidades explícitas, autoridad rectora, protocolos obligatorios y corresponsabilidad efectiva entre sectores.

Y los resultados deben tener consecuencias políticas y presupuestales. Sin consecuencias, la evaluación se reduce a un ritual vacío.

Hoy el escenario político es otro. El Frente Amplio ha vuelto al Poder Ejecutivo, luego de haber gobernado tres quinquenios consecutivos previos al último.

En los últimos meses de 2025 se acumularon hechos graves y reiterados. El 2026 comenzó mal.

Ya no alcanza con describir fragilidades. Ya no alcanza con señalar fallas.

Ahora hay que hacerse cargo.