Las contraprestaciones -asistencia educativa y controles de salud- no son un detalle administrativo ni un simple mecanismo de control. Son un intento de sostener algo más profundo: el vínculo entre derechos y trayectorias reales de inclusión. En contextos de vulnerabilidad, ese vínculo no se da por sí solo. Requiere acompañamiento. Y también, exigencia.
Pongamos el foco en la educación.
Se ha dicho que estas condicionalidades tienen “bajo impacto” en la asistencia. Aun si fuera cierto, la conclusión no debería ser su eliminación, sino una pregunta exigente: ¿por qué no están funcionando como se espera?
Porque las condicionalidades no actúan en el vacío. No corrigen por sí solas desigualdades estructurales. Su eficacia depende de la capacidad del sistema educativo para recibir, sostener y acompañar a quienes más lo necesitan. Cuando eso falla -cuando la escuela no retiene, cuando la vida cotidiana conspira contra la asistencia- la exigencia pierde fuerza. Pero el problema no es la exigencia: es el entorno que no logra hacerla viable.
La respuesta, entonces, no debería ser desactivar la exigencia, sino fortalecer aquello que le da sentido: mejorar la oferta educativa, acompañar de cerca las trayectorias más frágiles y remover obstáculos concretos que impiden sostener la asistencia.
De lo contrario, se corre el riesgo de confundir síntomas con causas.
En la asistencia sostenida está el verdadero escudo. Cuando ese vínculo se rompe, no solo se debilita la autonomía futura: se erosiona la única protección duradera. Porque la educación no ocurre en abstracto. Ocurre en la presencia. Y cuando esa presencia se interrumpe de forma sistemática, lo que se pierde no es solo un año escolar: es una trayectoria de vida.
A partir de ahí, la discusión deja de ser técnica. Es, también, cultural y política. Las políticas públicas no solo distribuyen recursos: transmiten señales sobre lo que una sociedad espera.
Eliminar las contraprestaciones no es neutro. Es una señal. Debilita el vínculo entre derechos y responsabilidades en nombre de una protección que, sin eso, corre el riesgo de volverse apenas declarativa. Hay algo más.
En un clima donde lo inmediato pesa más que lo duradero, donde la corrección política tiende a evitar fricciones y donde los resultados se miden en plazos cada vez más cortos, ciertas decisiones encuentran un terreno fértil. Aliviar sin exigir es más rápido, más visible y menos conflictivo. Encaja.
Pero lo que encaja en el corto plazo no necesariamente construye en el largo. Exigir, en cambio, incomoda. Obliga a sostener tensiones, a mirar procesos que no rinden de inmediato, a asumir costos que no siempre se traducen en rédito. No es un camino sencillo ni especialmente atractivo. Pero es ahí donde se juega, muchas veces, la diferencia entre asistir y transformar.
Lo que no se exige, difícilmente se construye. Y cuando una sociedad deja de sostener ciertas exigencias básicas, el riesgo no es solo bajar la vara. Es, más profundamente, resignar -sin decirlo- las condiciones que hacen posible la inclusión real.
Las condicionalidades expresan una idea exigente, pero necesaria: los derechos sociales se fortalecen cuando se articulan con responsabilidades. Sostener ese equilibrio no es dureza. Es una forma más honesta -y más efectiva- de incluir.