Estrategia para acallar

La jueza penal Marcela Vargas -con nombre y apellido para que se sepa quién es quién- tomó una resolución digna de aplauso: garantizó la libertad de expresión (esa que está prevista en la Constitución) de Gustavo Penadés y su derecho a conceder una entrevista periodística, al tiempo que amparó el derecho a buscar información (Pacto de San José de Costa Rica) y aseguró el libre ejercicio de la actividad periodística autorizando el ingreso del periodista entrevistador al instituto penal correspondiente. Bien por ella.

Se dirá que eso de amparar los derechos y libertades de los ciudadanos es la principal tarea a cumplir por los jueces y que para eso son designados y por ello el Estado les paga. Esto es: nosotros los contribuyentes les pagamos. Sin embargo, no es poca cosa.

Y no lo es en momentos en que a lo largo y ancho del continente -y allende los mares- los tribunales judiciales se han transformado en instrumentos para violentar la libertad de expresión, limitar el libre flujo informativo, perturbar la actividad periodística fijando además privilegios y protecciones que impiden a la gente saber qué es lo que está pasando. De paso, se ponen obs-táculos, limitaciones y prohibiciones a la tarea de informar plenamente sobre la actividad de jueces y fiscales. La gestión de unos y otros debe ser muy transparente; deben ser vigilados y controlados, como a cualquier otro, y más a ellos, a quienes la sociedad les confía tanto: son los únicos que legalmente nos pueden privar de la libertad. Son funcionario públicos y tienen que dar cuenta de lo que hacen.

En las conclusiones de la reciente reunión de Medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, en la que se pasa revista a la situación de libertad de prensa en todo el continente, se afirma: “el acoso judicial continúa siendo una estrategia utilizada en varios países para acallar a la prensa. En Brasil, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela se registraron casos de acoso judicial, algunos mediante demandas penales y otros a través de demandas civiles en las que los jueces admiten indemnizaciones desproporcionadas que inhiben la libertad de prensa”.

Se nos incluye y precisamente el informe sobre Uruguay dice que, “en este período (últimos 6 meses) se registraron señales inquietantes, generadas por funcionarios, personas públicas y algunos grupos de militantes que utilizan los tribunales para lograr amparos y así acallar a periodistas y medios de comunicación”.

“En los últimos meses, -agrega el informe sobre nuestro país-, hubo múltiples denuncias penales y civiles en contra de periodistas, de la prensa escrita y la televisión, en las que se exigieron indemnizaciones millonarias”.

El tema judicial, y el fiscal fundamentalmente, más alguna legislación que va contra la libre información y el libre ejercicio periodístico, -caso de la hoy tan sonada ley 19.580- explican en mucho el porqué Uruguay ha bajado en el ranking entre los países en que hay libertad de prensa.

En su momento la SIP manifestó su inquietud sobre una o dos disposiciones de la ley 19.580 -que implican hasta un retroceso del país en la materia-, así como se interesó y manifestó su preocupación sobre actuaciones de fiscales que lesionan la libertad de prensa y que en su gestión trasuntan un enfoque -por llamarle así- muy diferente al que la jueza Vargas reafirmó con su decisión.