Un pueblo para ser internacionalmente reconocido como estado nacional debe controlar el territorio y la población sobre los que ejerce su soberanía.

Años atrás había un museo policial. Mostraba objetos vinculados a crímenes de trascendencia pública y revistaban allí, elementos vinculados al dolo que incluían máquina s precarias de garitos clandestinos ("timba"). El crimen era cosa rara. En una disertación reciente el intendente de Colonia, Dr. Carlos Moreira dijo: "Yo fui subsecretario del Ministerio del Interior en el gobierno del Dr. Luis Alberto Lacalle en el año 1990. Había en Uruguay 2.500 rapiñas por año, ahora hay 21.000, había 190 homicidios por año ahora en cuatro meses hay 147 (…) Los homicidios y femicidios demuestran que estamos viviendo en un Uruguay totalmente diferente. Creo que el Ministerio del Interior está superado". Cabe agregar que desde que el primer gobierno del Frente Amplio, tras la presidencia del Dr. Jorge Batlle, y ahora, el número de presos está muy cerca de duplicarse y no se puede salir a la calle especialmente en Montevideo y ciudades del Interior.

Justificación: "América Latina es así". Se olvida que nuestra república supo tener un carácter distinto de ese continente sin solución para el subdesarrollo que con escasas excepciones es América Latina. Recuérdese que el primer ministro del Interior del Dr. Tabaré Vázquez, fue el Dr. José Díaz. Era partidario de soltar a los presos (se soltaron más de 700) y entendía que los victimarios no eran culpables de sus delitos, sino que ellos eran consecuencia de la injusta sociedad que habitaban sus víctimas. Hoy a la cabeza de la seguridad pública —paradojalmente— se encuentran ciudadanos que en su pasado supieron cometer alevosos crímenes en nombre de ideologías terroristas seudosocialistas.

Sobre el tema hace poco se explayó el director nacional de Policía, Mario Layera. Sus dichos están en la picota. Citaré lo que sentimos más patético. Dijo que la marginalidad está en crecimiento constante, que la delincuencia supera al Estado y que vamos rumbo a transformarnos en un El Salvador o Guatemala (El Observador). Conclusión: la notable inclusión social de los gobiernos frentistas nos hace marchar hacia una republiqueta gobernada por pandilleros narcos. Hay algo peor. La camarada Marina Arismendi, titular del Ministerio de "¿desarrollo social?", parecería no solo tiene datos sobre narcotraficantes, sino que además les da ayuda con plata de los contribuyentes y ¡le niega información a la policía! En derecho penal, de ser cierto esto se llama encubrimiento. Conclusión: nuestro fallido Estado no es capaz de imponer su autoridad en el territorio nacional.

A lo dicho suma algo afín, en los centros poblados proliferan con la absoluta tolerancia de las autoridades tragamonedas —"slots"— en un número que considera la Dirección de Casinos son más de 30.000 y mueven al año más de US$ 170 millones. Su clientela es mayormente gente de escasos recursos. Entre quienes apoyan la "timba" irregular sorprende que en la primera fila está el MPP, con actuación destacada de la diputada Susana Pereyra, esposa del ministro Bonomi (semanario Búsqueda). Ayudan a enriquecer a los dueños de las tragamonedas. Gracias a la pobreza.

Solo queda preguntarse: ¿no hay en la ciudadanía reservas morales republicanas para ganarle al crimen?