Juan MartÍn Posadas
En nuestro país existe un problema con la patente de los automóviles. Hace treinta o cuarenta años que se habla del problema de las patentes: debe ser un problema nacional serio. Veamos.
Se ha conseguido consolidar la versión de que es un escándalo que en un país territorialmente tan pequeño haya 19 tarifas diferentes de patente para los autos. Los problemas nacionales son aquellos que afectan gravemente a la gente. Pues bien: no se conoce ninguna queja ni protesta popular generalizada sobre el asunto; los afectados, que son los propietarios de automóviles, no se han levantado furiosos ni se conocen petitorios o manifestaciones de repudio. Los que se quejan son algunos Intendentes. Se trata, pues, de un problema que afecta exclusivamente a Intendentes Municipales: ni siquiera a todos. Quizás sólo a dos. La población sólo se ve afectada de rebote, cuando algún Intendente traslada su problema a la calle y manda a los inspectores a una tarea de fiscalización cuasi militar, con hurto de documentación incluida, contra los vehículos empadronados en un Departamento distinto del suyo. La guerra de las patentes es una guerra entre Intendentes, básicamente la Intendencia de Montevideo contra algunas del interior. Esa es la verdad.
Las Intendencias que rebajan el costo de la patente se convierten en lugares apetecibles que los ciudadanos cuidadosos de sus dineros eligen para empadronar o reempadronar, proceder razonable si los hay. En Montevideo (y Canelones) han confeccionado un discurso filosófico- moral para abochornar a quienes osan empadronar sus vehículos en otro departamento, culpabilizándolos de egoístas. Dicha tesis se basa en un supuesto falso. El supuesto falso, como lo sabe todo el mundo, es que todo lo recaudado por concepto de patente se vuelca al mantenimiento y reparación de las calles de la localidad que cobra.
Es sabido que los presupuestos municipales se confeccionan en base a dos rubros que significan nunca menos del 80% de la recaudación: sueldos y gastos de funcionamiento. Para obras -las calles, por ejemplo- no se destina lo que surgiría de un estudio de sus necesidades de mantenimiento sino lo que sobre una vez atendidos los otros dos rubros. Pero con un agravante: las 19 Intendencias pagan sueldos diferentes por la misma tarea, según sea la fuerza de las respectivas ADEOM departamentales. Mucho más escandaloso que los 19 valores distintos de patente por departamento son los 19 niveles distintos de sueldo en las Intendencias.
Lo razonable sería tener un criterio único sobre la patente (por qué concepto se paga) y permitir que cada Intendente fije el monto. El buen administrador podrá así bajar la patente en beneficio de la gente de ese departamento. De lo contrario se está emparejando mal una vez más, sin lugar para premiar al administrador eficiente ni medio para castigar al ineficiente.
Estos son razonamientos prácticos, al alcance de cualquiera. Dejo para los expertos los aspectos constitucionales de la ley en discusión y callo mi asombro personal al ver la prontitud con que los Intendentes blancos se han avenido a lanzar por la borda, sin mayores miramientos, la autonomía municipal, hasta ayer bandera partidaria.