La última sesión del Comité Ejecutivo Permanente de la Organización de Estados Americanos trató la situación política en la desdichada Nicaragua.

El representante uruguayo, Washington Abdala, al votar a favor de la resolución que condenaba las barbaridades que comete el régimen de Ortega en su afán de eternizarse en el poder, preguntó a quienes eligieron abstenerse, “¿Es que no han visto en la televisión lo que sucede en Nicaragua?” y continuó, “si seguimos con tibiezas y dudas, es porque no estamos entendiendo la profundidad” del problema.

Es un optimista.

Porque los gobiernos que se abstuvieron no lo hicieron porque no miran la televisión y no estén al tanto de lo que sucede en Nicaragua. Es imposible ignorarlo (bastaba con el informe de las Naciones Unidas). Ellos saben perfectamente lo que acontece. Al abstenerse en la reunión de la OEA eligieron apoyar, en la práctica, la dictadura, y esto es lo que vale. Como en la fábula de la tortuga y el escorpión, esos gobiernos actuaron según su naturaleza. No se debe esperar mucho más de ellos.

Los hechos son conocidos. El 7 de noviembre tendrán lugar en Nicaragua las elecciones generales para designar el presidente de Nicaragua y 90 diputados de la Asamblea Nacional, para el período 2022-2027. El actual presidente, Daniel, Ortega ha sido presidente desde enero de 2007 y aspira a ser reelegido. Para conseguirlo ha recurrido al poco original procedimiento de meter presos a todos los candidatos opositores que tienen chance de hacerle competencia. Además de liquidar la libertad de prensa y cometer otras tropelías.

En setiembre, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un Informe verbal sobre la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua, en el Consejo de Derechos Humanos de la organización mundial.

Luego de recordar que ya había alertado “acerca de la preocupante situación de derechos humanos en Nicaragua, especialmente en lo que refiere al ejercicio de los derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre”, expresó: “Entre el 22 de junio y el 6 de septiembre, mi Oficina ha documentado la detención arbitraria de 16 personas, incluyendo dirigentes políticos, personas defensoras de derechos humanos, empresarios, periodistas, y líderes campesinos y estudiantiles, que se suman a otras 20 detenidas a partir del 28 de mayo. Este grupo incluye a seis hombres y una mujer que manifestaron públicamente aspirar a la presidencia, mientras que una precandidata a la vicepresidencia está siendo acusada en libertad.”

A ello se suman los ataques a la libertad de expresión (por ejemplo contra el diario La Prensa), y las “amenazas por parte del Ministerio Público en contra de varios periodistas y trabajadoras y trabajadores de medios motivaron la salida de muchos de ellos de Nicaragua para buscar protección. Mi Oficina ha documentado 12 casos, mientras que fuentes de la sociedad civil tienen contabilizados más de 30.” “Patrones similares de represión” -continúa el informe- “se están registrando contra personas defensoras de derechos humanos o que ejercen liderazgos sociales y políticos, abogadas y abogados, y personal médico o de ONG, entre otros.” Hay más de 130 personas detenidas desde abril de 2018.

Ortega continúa ostentando el título de Ciudadano Ilustre de Montevideo.