El trabajo ante a la realidad

Asoma en el país una discusión sobre la posibilidad de reducir el tope de trabajo a 40 horas semanales sin modificar el salario. Es decir, trabajar menos y cobrar lo mismo.

La realidad es que Uruguay mantiene un régimen general muy antiguo: una jornada máxima de 8 horas diarias y 44 semanales en el comercio, o 48 en la industria, vigente desde 1915.

Quienes impulsan la iniciativa sostienen que la inteligencia artificial (IA) y la automatización permiten producir más en menos tiempo, haciendo posible mantener los niveles de producción con una menor carga horaria. Además, plantean que jornadas más cortas mejorarían el bienestar de los trabajadores y sus familias, reducirían el ausentismo, lo que se traduciría en mayor productividad. Hace años que la idea forma parte de la retórica progresista global, bajo la premisa de que los avances tecnológicos han favorecido más al capital que al trabajo. Desde esa perspectiva, si se produce más en menos tiempo sería justo reducir la cantidad de horas trabajadas.

Sin embargo, una propuesta seductora (¿quién no querría trabajar menos sin perder ingresos?) no siempre es una buena política pública. Reducir por ley la jornada laboral sin modificar los salarios, elevando así el costo laboral por hora, es una decisión que debe ser evaluada con cuidado. Cuando la propuesta se analiza a la luz de la realidad uruguaya, aparecen al menos cinco razones para pensar que no es adecuado avanzar por ese camino.

La primera razón tiene que ver con la productividad del trabajo.

Uruguay no exhibe las ganancias de productividad que fundamentan debates similares en otros países. En la última década, la masa salarial total creció 15%, mientras que el PBI lo hizo 11%, i.e. la remuneración a los trabajadores empleados aumentó más rápido que la producción de bienes y servicios. Dicho de otro modo, para producir lo mismo fue necesario pagar más.

Cuando el costo laboral crece más rápido que la producción, las empresas reaccionan. Las que operan en mercados poco competitivos trasladan los mayores costos a precios; otras sustituyen trabajo por tecnología para ganar eficiencia; y algunas, simplemente, dejan de ser viables. Si los trabajadores se quedan con una porción cada vez mayor de la rentabilidad, es natural que la inversión se resienta. Después de todo, las empresas no invierten para perder dinero.

La segunda razón cuestiona el fundamento ético de la propuesta.

Cuando se sostiene que se podría trabajar 20% menos sin afectar la producción, implícitamente se está afirmando que ese tiempo no es necesario. Que sobra o que se desaprovecha.

La proclama de “trabajar menos, pero mejor” induce a poner en duda la “buena fe” en la relación laboral, que supone desempeñar correctamente las tareas durante la jornada acordada. La legislación es clara al respecto: la “buena fe” incluye deberes de conducta y cuidado vinculados tanto a la conservación de las cosas como a las relaciones personales. No es una opción; es una obligación jurídica establecida en las normas vigentes.

La tercera razón es la inversión en tecnología. Muchos sostienen que el mayor uso de IA y automatización debería generar más tiempo libre para los trabajadores, pero olvidan que son las empresas las que financian la incorporación de esas herramientas y los cambios operativos que permiten aprovecharlas. Son también las empresas las que asumen el riesgo de que las cosas no funcionen como estaba previsto y las que deben esperar a que aparezcan los resultados. Porque la tecnología, sola, no hace milagros.

La cuarta razón radica en el elevado costo de producir en Uruguay.

En Chile, el gobierno de Boric aprobó una reducción de la jornada laboral, pero partiendo de costos de producción considerablemente menores. La misma hamburguesa o el mismo café con leche cuestan allí 40% menos que acá. Detrás de esos precios están los salarios, los insumos, los alquileres, la energía, la logística, los impuestos y la burocracia. Es muy distinto aumentar el costo laboral en una economía donde el resto de los costos de producción son competitivos que hacerlo en una economía cara y cargada de sobrecostos, muchos de los cuales están asociados al tamaño y al mal funcionamiento del Estado.

Asociada a lo anterior, la quinta razón la impone el alto costo de vida.

Que la ley genere potenciales ganancias de tiempo libre no implica que estas puedan traducirse en menos trabajo. Muchas personas necesitan más de un empleo y otras tantas quisieran trabajar más porque carecen de capacidad de ahorro. Las mejoras de productividad asociadas a jornadas más cortas parten del supuesto de que las personas efectivamente trabajarán menos, una condición que difícilmente se verifique en Uruguay.

El caso de la salud es ilustrativo. Formalmente existen jornadas reducidas de seis horas, pero en los hechos se acumulan turnos y se trabajan doce horas. La sobrecarga laboral es recurrentemente denunciada por los sindicatos del sector.

Avanzar hacia esquemas más flexibles de distribución semanal de las horas de trabajo no solo es posible, sino también necesario y conveniente, tanto para las empresas como para los trabajadores, porque la dinámica productiva exige una mayor capacidad de adaptación organizacional.

Sin embargo, reducir el tope semanal sin modificar los salarios solo debería considerarse cuando la economía puede absorber un mayor costo laboral y seguir creciendo, porque la inversión continúa siendo rentable. Esa no es la realidad de Uruguay, debido a los costos asociados a una elevada carga tributaria, el sobreprecio de la energía eléctrica y los combustibles, así como a una regulación mal diseñada y deficientemente implementada.

Una máxima jurídica establece que lo que no es razonable no puede sostenerse como un derecho. Y hoy, la realidad del país indica que no es razonable avanzar con la propuesta planteada.