El tiempo es oro

Hace un año, durante la reciente campaña electoral, el Frente Amplio señalaba la urgencia de un cambio imprescindible en las políticas públicas para impulsar un conjunto de soluciones que decían tener prontas para sustituir y modificar el camino por el que el gobierno anterior había llevado al país.

Sin embargo, en pocos días se cumplirán los primeros cinco meses de gestión del actual gobierno y es indudable que, si algo ha caracterizado a esta administración hasta ahora, es su sorprendente falta de iniciativa e impulso en diferentes aspectos de la vida del país. Esta realidad es aún más evidente al compararla con igual período del gobierno anterior.

En efecto, a esta misma altura del período pasado el gobierno de la Coalición Republicana, no sólo había enfrentado con éxito la pandemia demostrando ser uno de los gobiernos del mundo con mejor performance y resultados ante una circunstancia de enorme gravedad y con impactos no sólo inesperados sino de una magnitud imprevista, sino que en paralelo había enviado y convertido en ley en el Parlamento una normativa de más de doscientos artículos llevando adelante cambios en más de una decena de sectores de la vida del país.

Justamente en estos días se cumplieron los cinco años de la promulgación de la Ley de Urgente Consideración. Cinco meses intensos con gran capacidad de gestión y gobierno.

El contraste es muy evidente. El actual gobierno ha tenido que enfrentar una sucesión de irregularidades que han afectado a figuras relevantes de su elenco, y no pasan muchos días sin que surjan nuevos casos que muestran notorias dificultades para llevar adelante la gestión.

Pero en materia de políticas públicas y decisiones relevantes ha habido muy poco. Es más, las únicas dos decisiones de relevancia que se han tomado constituyen, a nuestro juicio, errores sustantivos que tienen impacto negativo para el país.

La primera fue el anuncio de la compra de la Estancia María Dolores por parte de Colonización. Además de presentar notorias irregularidades señaladas por el Tribunal de Cuentas, la decisión busca impulsar una política de tierras que, para un gran número de especialistas en la materia, debe ser objeto de revisión por su notorio fracaso de los últimos tiempos. Y, por si fuera poco, dispuso nada menos que U$ 32 millones de dólares.

La segunda decisión es aún de mayor entidad y tendrá, desde nuestro punto de vista, un impacto muy negativo. Es la cancelación del proyecto Arazatí y su sustitución por una alternativa que, más allá de cualquier debate político o ideológico, no resuelve el problema de garantizar el abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana en situaciones de sequía, porque no resuelve el problema de fondo que es la dependencia total de una sola cuenca de agua potable que, además, es limitada.

Por otra parte, todo indica que las cuestionadas afectaciones ambientales señaladas para el caso del Proyecto Neptuno son superadas por los impactos ambientales que producirá la construcción de la Represa de Casupá, que además reducirá sustancialmente el caudal de la cuenca del Río Santa Lucía. Tampoco supone un ahorro, puesto que su costo total es prácticamente el mismo que el del Proyecto Neptuno.

Suena insostenible que el país disponga una inversión tan importante sin resolver el problema de depender de una cuenca que ya mostró sus limitaciones y no construya una toma de agua en el Río de la Plata que, por definición, tiene un cauce prácticamente inagotable.

Es muy grave este error porque nos hipoteca las chances de resolver con éxito un problema relevante que en el contexto del cambio climático se va a repetir cada vez con mayor frecuencia.

Entonces, pasamos raya a los cinco meses y las prioridades más relevantes no se han atendido. Para el partido que gobierna y para todos los demás partidos la reducción de la pobreza infantil era la prioridad número uno, pero sigue en espera y, entre tanto, se convoca a un diálogo social que tendrá una duración de un año, como mínimo.

Esta lentitud cansina para avanzar, postergando la toma de decisiones, se va convirtiendo en una “marca de fábrica” del actual gobierno.

Y, en el mundo en que vivimos resulta muy costoso para cualquier país actuar con lentitud, parsimonia y falta de dinamismo. Particularmente, además, para un país pequeño que tiene, por lo tanto, mayores desafíos y dificultades para ocupar un lugar relevante en el mundo. Al revés, la escala de nuestro país nos debería permitir funcionar y resolver más rápido; sin embargo, el actual gobierno actúa en “cámara lenta” y el tiempo transcurre de forma inexorable. Hoy más que nunca es difícil para cualquier país, recuperar el tiempo perdido.

Por último, debe decirse que el tiempo de la elaboración de las propuestas es el tiempo de la campaña electoral, en donde cada partido y candidato elabora, discute y presenta sus propuestas y sus ideas, señalando lo que hará si le toca gobernar.

Y la ciudadanía vota para que el Gobierno gobierne de acuerdo con lo comprometido. Dedicar un año y medio, es decir un tercio del período de gobierno, a dialogar y discutir propuestas para que luego, recién en la segunda mitad del período, presente sus iniciativas es anacrónico y peligroso para un país que debería ser dinámico asumiendo roles de vanguardia en nuestra región y el mundo.