El qué y el cómo

La avalancha de acontecimientos internacionales durante el último año genera enormes desafíos para el orden jurídico internacional construido, laboriosamente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Nos encontramos ante la ruidosa culminación de una crisis que en realidad ya se arrastra desde hace varias décadas? ¿Está tomando forma un nuevo orden fundado no en la fuerza de la razón, como quisiéramos, sino en la razón de la fuerza? Hay mucho para pensar. Pero la pregunta fundamental siempre es: ¿qué es bueno para el Uruguay y que lo perjudica?

Es necesario actuar racionalmente. La pregunta clave es ¿cuáles serían las consecuencias para la comunidad internacional, especialmente para nosotros, si las decisiones políticas de un determinado Estado se convierten en la regla general de conducta de todos los Estados?

En el núcleo del Derecho Internacional existe una tensión entre los principios y reglas que deben regir la conducta de los países y su práctica internacional. Pero, las grandes potencias no necesitan del Derecho o de la diplomacia para defender sus intereses porque poseen los recursos materiales, el mercado interno, la fuerza y la capacidad de disuasión para hacerlo eficazmente por si solas. En cambio, las potencias medianas y, especialmente las pequeñas, solamente contamos con el Derecho y la diplomacia para defender nuestros intereses, nuestra supervivencia como Estados independientes.

¿Qué sucedería si se convirtiese en principio general que cada Estado tiene el derecho de invadir a su vecino argumentando que el atacado no tiene derecho de existir como un país independiente por razones de “seguridad nacional”, históricas o geopolíticas? ¿Cuál sería la consecuencia de que se acepte como regla que cualquier Estado pueda violar en forma unilateral la soberanía territorial de su vecino o interferir con la libertad de navegación en alta mar? ¿Qué sucedería si cada Estado comienza a utilizar las tarifas aduaneras como instrumentos de poder político?

No se necesita tener mucha imaginación para comprender ese escenario derivaría a una situación de guerra permanente, de una falta de seguridad internacional para todos. Ello conduciría, como sucedió en la década de 1930, a una carrera de armamentos, a medida que cada Estado, aún los pequeños, concluyan que la única forma de protegerse en esa jungla es comprando armas, convencionales y de las otras. La economía global que, con sus problemas, tanto contribuye a mejorar el nivel de vida de los países, dejaría de existir y terminaríamos en un nuevo feudalismo.

Los principios fundamentales de convivencia internacional en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos no son abstracciones filosóficas. Fueron el producto concreto de la dura experiencia de dos Guerras Mundiales y de las décadas terribles de 1920 y 1930. Tienen una importancia práctica fundamental.

Ahora, si estamos de acuerdo en que nos conviene reconstruir (o construir) un orden internacional multilateral y sujeto a reglas justas, lo que queda es definir el como hacerlo. Y, todo indica, que el mejor camino es acordar una política exterior de Estado -que hoy no parece existir- que sume la firmeza en los propósitos con la prudencia y la mesura, el bajo perfil, en sus medios.

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