El mito del diálogo social

Constituye un hecho que la democracia no atraviesa su mejor momento. Es el instituto de la representación el cuestionado. De allí la idea de apelar a una renovada participación popular que vigorice los mecanismos representativos y los aproxime a los de la antigua Grecia. Aunque obviamente no se pretenda volver al pasado. Ejemplo de ello es la aparición de mecanismos como la descentralización o renovadas asambleas ciudadanas (Islandia, 2009, Irlanda, 2012 y 2016, Chile 2015, Ontario, Columbia Británica, etc) que, con minuciosas reglamentaciones, insuflaron nueva vida a sus esclerosadas instituciones republicanas. Por más que este intento que en cierta medida cuestiona pilares constitucionales clásicos, como los frenos y contrapesos, el control judicial, la administración de justicia centrada en cuerpos doctorales o el veto presidencial, sustituyéndolos por sistemas más participativos, implica aporías y problemas que no pueden disimularse.

Sin embargo no es éste respetable propósito, digámoslo fuerte y muy claro, el que inspira el hipertrofiado “Diálogo Social” local, ahora reiterado por el Frente Amplio, desestimando el retroceso que el mismo implicó para la enseñanza.

Aquí lo que se procura no es escuchar mejor y por diferente vía, la voz del pueblo, objetivo loable que, con precauciones, debe procurarse. Aquí sólo se busca recoger la opinión de la “sociedad civil organizada”, sabiendo de antemano que ella junto a la también reclamada paticipación académica, responden sin fisuras a la orientación ideológica básica del partido de gobierno y en esa medida solo abarcan una parte de la ciudadanía. Y ello aun cuando en la convocatoria, en otra muestra de hipocresía, se invite a los partidos políticos tradicionales o al empresariado, descontando que son entes absolutamente minoritarios a diferencia de la multitud de organizaciones de la sociedad civil (grupos de fomento barrial o rural, ollas populares, estamentos carnavalescos o pescadores del río Yí,) ni siquiera convocados para discusiones genuinamente representativas sino para “conversatorios” de pelaje uniforme y asistencia eventual.

Es precisamente esa insistencia en el pluralismo, ocultando deliberadamente la realidad, la que indigna por su deshonestidad. Cuando, como aquí ocurre, el objetivo es precisamente el opuesto: ignorar la decisión de un plebiscito donde todos los ciudadanos, emitieron individualmente su voto. No porque este sustituya a la deliberación, sino porque este informe diálogo, no es ni plural ni democrático.

Las AFAPS, para considerar lo más urticante del tema, tienen dos objetivos: A) administrar aportes jubilatorios; B) invertir con beneficio esos activos. La primera es una actividad de naturaleza bancaria, la segunda, se asemeja a los fondos de inversión. Pretender quitar a las AFAPS la administración de tales activos reduciéndolas a un mero inversor, es desnaturalizar su función suprimiendo la parte más importante de su objeto. No desaparecen pero se minimizan, pierden función testimonial: el control de la administración oficial. Se las objeta por cobrar comisiones a sus usuarios sin preguntarse cuanto cuesta transferirlas al BPS y quien pagará por esa nueva tarea del Estado. Otra trampa por omisión en un planteo semánticamente fraudulento.