Siiempre se ha dicho que las obras que no se ven a simple vista son las inversiones que encabezan la lista de las políticamente postergadas, porque no tienen rédito electoral.
Un buen ejemplo de ello parece ser la postergada reparación del emisor subacuático de Punta Carretas, construido con el fin de verter aguas contaminadas con materias fecales de Montevideo a una distancia prudencial de la costa montevideana.
Esas obras se realizaron hace unos 35 años y, desde luego han sufrido distintos grados de deterioro. Desde hace varios años el emisor presenta numerosas fisuras de diferente entidad que, desde luego requieren de una inmediata solución.
Aunque no se perciba a simple vista, se trata de un problema muy serio desde el punto de vista de la salud pública y de la conservación de un ecosistema, íntimamente ligado a la vida de la población capitalina. Se estima que su reparación tendrá un costo de unos US$ 10 millones, con la cual se le alargaría la vida unos 20 años.
Pero el gobierno capitalino nunca lo priorizó como para incluirlo en sus presupuestos quinquenales con fondos propios, a pesar de la multimillonaria recaudación anual que obtiene. La única explicación es porque se trata de una inversión realizada bajo agua, y que casi no se percibe.
Como si eso fuera poco, desde la comuna se pretende minimizar el problema diciendo que ese comprobado deterioro en el emisor subacuático no está contaminando las playas de Montevideo. Una flagrante contradicción con la propia razón por la cual se construyó el emisor. Si su función es alejar a una distancia prudencial -que fue calculada por especialistas- las aguas contaminadas que conducen río adentro, pero en varios sectores de su extensión desde hace mucho tiempo presente roturas que permiten fugas de los líquidos fétidos, es obvio que está llegando contaminación a la costa, como ya se ha detectado en varias ocasiones.
El gobierno capitalino quiere corregir esta grave equivocación incluyendo ese gasto en el denominado Plan de Saneamiento VII, para el cual necesita recurrir a un préstamo BID de 102 millones de dólares (que incluye varias obras en el departamento). Pero como su pago trasciende el actual período de gobierno, necesita su aprobación en la Junta Departamental con mayorías especiales -que el Frente Amplio no tiene.
Lo peor del asunto es que la reparación del emisor fue incluida en el Plan no por la evidente importancia que se le reconoce, sino a pedido de un edil de la oposición como elemento de negociación para obtener su voto en la aprobación del préstamo, porque nuevamente este asunto no estaba considerado para recibir su atención inmediata.
Cuesta entender la escala de prioridades que se imponen estos gobernantes, cuando están en juego asuntos tan importantes para la gente.
Desde luego cuando asume el nuevo intendente en Montevideo no pone “el grito en el cielo” por heredar este grave asunto sanitario-ambiental postergado una y otra vez, como sucedería si hubiera alternancia en el poder, porque recibe la pesada mochila de un jerarca de su mismo partido político.
Veremos de qué modo termina esta triste historia.