El costo de la inercia

Hay momentos en la política económica en los que la discusión deja de ser ideológica y pasa a ser, simplemente, de diagnóstico. Uruguay parece estar entrando en uno de esos momentos. Persistir en un marco fiscal construido sobre supuestos que ya no existen no es prudencia: es inercia.

La información reciente es contundente. El crecimiento económico se desacelera más de lo previsto, las expectativas se deterioran y los datos fiscales empiezan a reflejar esa nueva realidad. La economía habría crecido apenas 1,8% en 2025 y desde el CED proyectamos un magro 1,2% para 2026, muy por debajo de los supuestos sobre los que se diseñó el presupuesto.

No se trata de un desvío menor. Cuando el crecimiento falla, falla todo el andamiaje fiscal. La recaudación pierde dinamismo -de hecho ya muestra una caída real-, el empleo deja de expandirse y las metas fiscales comienzan a correrse. En este contexto, fingir demencia e insistir con la programación original no es neutral: es una decisión de política económica que entendemos equivocada.

Según nuestras estimaciones, el déficit fiscal podría desviarse en torno a 0,7% del PIB este año, unos 500 millones de dólares. A su vez, la trayectoria de deuda empieza a tensionarse, con proyecciones que la ubican cerca del 68% del PIB hacia el final del período, superando el ancla establecida en la regla fiscal.

A este cuadro interno se suma un contexto internacional más adverso. El shock geopolítico asociado al conflicto en Medio Oriente plantea un saldo neto negativo para países como Uruguay. Las potenciales subas de precios será muy insuficientes en comparación al menor crecimiento económico global, mayor inflación, mayores tasas y mayores costos de producción.

Además en la región hay algunos vecinos haciendo sus deberes y se vuelve más competitiva en materia de atracción de inversiones, elevando el costo relativo de no hacer reformas. Tal es el caso de Argentina, Paraguay y Chile.

En este escenario, la peor alternativa es no hacer nada. Porque la inercia no es gratis. Cada mes que pasa sin ajustar el rumbo fiscal implica mayor acumulación de desequilibrios, menor credibilidad y, eventualmente, correcciones más costosas.

No hacer nada es una posibilidad. Fingir demencia y rezar para que nada grave pase puede llegar a funcionar si las tasas de mantienen bajas y el mundo no se mantiene calmo. Claro, esa huida hacia adelante puede ser tremendamente costosa, política y económicamente, si el escenario internacional se vuelve más adverso aún.

La evidencia muestra que el espacio fiscal debe recuperarse principalmente a través del gasto, reduciéndolo, mejorando su eficiencia y reasignando prioridades.

El Ministerio de Economía enfrenta, entonces, una decisión clave. Puede aferrarse a una programación fiscal que quedó obsoleta o puede reconocer a tiempo el cambio de escenario y recalibrar la política. Lo primero puede ser políticamente más cómodo en el corto plazo. Lo segundo es económicamente responsable.

La historia económica uruguaya enseña que los costos de negar la realidad a veces terminan siendo un golpe de gracia al apoyo popular de un gobierno.