Se avecinan las elecciones; prácticamente ya se largó la campaña electoral, es decir, la oferta de programas de gobierno y la disputa por el voto. Las discusiones sobre la economía son importantes siempre pero más en el contexto preelectoral. La economía tiene una lógica interna que demanda cierta autonomía, en la medida en que intervienen números y los números no son elásticos. Pero hay opciones, balizamientos fundamentales, que se toman o se dejan en función de lo que la sociedad expresa que quiere ser. Eso es la política y la política se elige.

En nuestro país la economía se discute con mucho ardor y poca propiedad. Las argumentaciones van y vienen pero atadas a la coyuntura y al detalle del interés particular: pocas veces se abordan las explicaciones generales que necesitamos quienes no somos economistas. Las discusiones académicas -necesarias- deben mantener relación con la historia y con la política. Es por eso que cualquier reflexión sobre el tema económico tiene que incorporar antecedentes; no se puede esquivar la mirada sobre el desastre que fue para Uruguay aquel pasado de economía dirigida que los viejos recordamos. El Uruguay vivió años con un estado que intervenía y dirigía todo: los precios, los subsidios, los cupos de importación, el tipo de cambio, las exoneraciones, los alquileres, todo. Bajo esa minuciosa casuística, se empobreció la gente, se fundió el estado, se paralizó la iniciativa privada y se corrompió la política… Y terminaron acudiendo a “salvarnos” por su orden los tupas y los milicos golpistas.

Nuestro país tiene que ir administrando experiencias pasadas, evaluadas con honestidad. Los datos de nuestra peripecia económica deberían ser manejados a la vez por economistas y por políticos como un elemento básico para la necesaria discusión. Ahora bien: en un sistema democrático todos los actores sociales adoptan, de algún modo, la condición de ciudadanos. Es decir, todo debe estar comprendido dentro de las reglas del sistema democrático y nada puede funcionar por fuera. Y esas reglas son las del juego político: partidos, minorías y mayorías, interacción parlamentaria, reglas electorales, rotación en el gobierno y demás. O sea: no es lógico pensar que el gobierno legítimamente elegido puede gobernar en todo menos en la economía.

No es bueno manejar políticamente la economía, es decir, con prescindencia de la lógica inherente al sistema económico. Pero las decisiones económicas están encuadradas en opciones políticas y debe ser posible (y obligatorio) darles fundamentación política. Es necesario un discurso político que exponga (y se exponga), para recibir adhesión o crítica de los ciudadanos que, en cuanto tales, tienen derecho a elegir. Una vez elegido hay derecho a ejecutar.

El Uruguay está necesitando una discusión seria que ponga al descubierto las implicancias de las teorías económicas y que, a la vez, ofrezca a la opinión pública, que se irá educando en esa discusión, la posibilidad de elegir. Pero no de elegir como consumidor sino como ciudadano, que es mucho más. Elegir entre un tipo de sociedad más culta o más electrodomesticada, entre un país de reivindicaciones o un país de construcciones, entre una sociedad más competitiva o más contemplativa y abierta al ocio en el sentido que los clásicos dieron al término, entre una sociedad de aislamiento o de proximidades, de estadísticas o de sueños. ¡Si a veces parece que no sabemos ni siquiera entre qué cosas debemos elegir!