Delincuencia e instituciones

Hebert Gatto

Es inocultable que los uruguayos anhelan, cada vez más, la seguridad que alguna vez poseyeron. Lo que constituye una de sus nostalgias más válidas. Para recuperarla, decíamos en estas páginas, dos frentes deben confluir: uno preventivo, centrado en la educación formal e informal y otro represivo, atento a atacar la violencia delictiva inmediata.

Señalábamos que la actual situación cuenta con viejas raíces que hicieron posible que la marginación y con ella la propensión al delito, se acrecienten, incluso en coyunturas, como la actual, de pobreza declinante. Un fenómeno que atraviesa la sociedad en su conjunto pero que encuentra en los más jóvenes, a sus protagonistas principales. Del mismo modo que son ellos los más proclives al consumo de drogas y a las patologías sociales que las encuadran.

Pobreza-juventud-marginación-drogas-delito, cierran un círculo con flujos en ambos sentidos cuyos componentes se refuerzan mutuamente, lo que obliga a atacarlos conjuntamente. Y por sobre todo, hacerlo antes que la marginación se consolide como una cultura alternativa que preste a sus miembros una identidad opuesta a la del resto de la población y a la que luego, como toda identidad grupal, cueste renunciar.

Un fenómeno ya presente en otros países latinoamericanos y que termina por generar dos grandes agregados sociales que se observan de soslayo, ajenos y desconfiados.

La reciente publicación del Barómetro de las Américas 2008 muestra como la percepción de inseguridad en el Uruguay alcanza al 44,5% de la población, y la alarma frente al delito está tan generalizada que más de un tercio de ella abandonaría la democracia -pese a su extendida aceptación- en aras de la ansiada seguridad. Estos guarismos, que están lejos de ser los más altos de América Latina, son preocupantes en varios sentidos.

Lo son por estar basados no en temores imaginarios o inducidos por terceros, sino por una realidad que indica que casi una cuarta parte de la población fue víctima de un delito en el último año.

Y lo son porque el miedo es más que una sensación que dificulta la vida pública e induce a la gente a refugiarse en la intimidad; también afecta a las instituciones y a las reglas de la cultura cívica.

Fundamentalmente cuando la población percibe que uno de los objetivos primordiales del pacto social, centrado en la seguridad que el Estado se obliga a brindar a sus habitantes mediante el monopolio de la violencia, deja de ser cumplido por aquel. Lo que se agrava aun más si el infractor logra la impunidad. De allí la sensación de frustración de las víctimas. Un estado de impotencia y miedo que en realidad cuestiona la posibilidad misma de vivir en comunidades liberales.

Pero lo cierto es que las sociedades de este tipo no se construyen ni con temores, aun justificados, ni con concesiones que disimulen complejos. El lugar de aquellos que, obnubilados por la justicia social, se muestran blandos con la delincuencia, es su prevención, no su represión. Por su parte quienes, del lado opuesto, todo lo arreglan con el garrote, no deben soslayar que éste se acompasa poco con el derecho. En ese difícil equilibrio entre justicia, tolerancia y firmeza en la aplicación de la ley, finca la originalidad de la democracia. También, su extrema delicadeza.