Del Lejano Oeste

Crece el drama de la delincuencia. La sociedad está aterrorizada. No hay quien ya sea en carne propia o de familiares, amigos o conocidos haya evitado vivir o saber de situaciones desagradables, con consecuencias dispares. El Dr. Faroppa a este servidor le ofrece las garantías del buen gobernante. Sabe que el problema está al borde de escapársele de las manos a la autoridad. Por eso cuando dice que estamos viviendo un clima pico de inseguridad por una serie de hechos que se han acumulado intenta —razonablemente— bajar los decibeles de la angustia progresivamente constante del clima en que se vive.

Lo de las "Aguilas Justicieras" de Casabó aumenta esa angustia porque solo el anuncio de la constitución del grupo de defensa armada entre vecinos de una de las zonas rojas de este Montevideo acosado por el delito, ya de por sí es un precedente peligrosísimo. Faroppa dijo que en un Estado de derecho es el Estado mismo el que tiene que garantizar el derecho a la seguridad, y que no es aceptable que ninguna organización particular sustituya a la policía en el uso de la fuerza. Pero el problema se crea justamente cuando el Estado no garantiza nada, porque de poco sirve la captura del delincuente o su encarcelamiento cuando de lo que se trata es de prevenir el daño potencialmente irreparable. La constitución de esos grupos —que parecen reflejos criollos del Lejano Oeste— es de ciencia ficción. No es fácil contener una reacción intrínsecamente indeseable y delictiva, como lo es la autojusticia, porque se puede desfigurar en quienes participan en ella, interpretándola como especie de legítima defensa. El Dr. José Luis González, secretario del Instituto de Derecho Penal, admite que se pueden crear estos grupos de vigilancia o patrullaje en la medida que no usurpen la función policial, pero previene que pueden generar más violencia, y es así, porque hay situaciones en que la eficacia de la acción policial es tardía, dificultosa o imposible. Los hombres de derecho tenemos el deber de aconsejar el cumplimiento de la ley, no podemos justificar el uso de la fuerza o de la violencia salvo los casos en que la ley lo permite para evitar otro daño mayor. Sin embargo nos preguntamos qué haríamos si tuviéramos la desgracia, no que nos pase algo a nosotros mismos, que al fin y al cabo es lo de menos, sino a un hijo, o a un nieto, a algunos de los cuales ya se han aburrido a que les entren ladrones a su casa y han tenido la suerte de no toparse con ellos.

Vivimos en estado de alerta roja permanentemente.

El diputado Borsari, en declaraciones en el programa "En perspectiva" del martes pasado dijo cosas muy sensatas. No se trata de sacarle rentabilidad política a este drama nacional, pero hay una verdad grande como una casa, y es que este gobierno, que llegó al poder repartiendo bendiciones con el designio sacrosanto de promover el cambio social, si algo no tiene, son justamente políticas sociales en ningún orden de actividad, y en este, en el del combate a la delincuencia especialmente en la minoridad, que debería ser el primero en atender, no sabe en dónde está parado.

Tiene razón Borsari: la policía está desmoralizada. Se han cometido una sucesión de errores que van desde la derogación del decreto 690 que habilitaba las detenciones al sospechoso fuera del caso de in fraganti delito, a la falta de establecimientos adecuados para la reclusión de menores.

Pero el gobierno es el gobierno, y, para manejar este problema, yo le daría el poco crédito que a la sociedad le queda a una planificación conducida por el Subsecretario del Ministerio del Interior, que cuando habla transmite la impresión de estar pisando la tierra.