El Presidente de la República anunció que donará la camioneta cuya compra se le ha reprochado, por el excepcional descuento de 25.000 dólares que logró de la firma vendedora y por haber asumido el 1º de marzo del año pasado, parado en una camioneta de la misma marca que le otorgó la rebaja.
El tema de la camioneta nació desprolijo, siguió entreverado y desemboca en un absurdo más, ya que donar la camioneta a ANEP no borra la anomalía de aceptar el obsequio de un descuento macro ni entierra lo que se hizo sin el rigor que manda la ley.
El episodio debe dolernos a todos, porque ha puesto en entredicho a la figura del Presidente sin que pueda reprochársele deshonestidad pero sin que pueda negarse que trasgredió la ley 19.823, que prohíbe a todo funcionario público “recibir cualquier obsequio, gratificación, comisión, recompensa, honorario o ventaja de terceros”.
El Prosecretario de la Presidencia, Dr. Jorge Díaz, arguyó que la compra no sería reprochable porque Orsi la efectuó antes de asumir. La tesis resulta éticamente indefendible. Y además, atropella el artículo 1º (Definiciones) de la Convención Interamericana contra la Corrupción -ley 17.008- que establece que “Para los fines de la presente Convención, se entiende por… “funcionario público”, “oficial gubernamental” o “servidor público”, cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”.
Si el Presidente estuvo titubeante en las sucesivas declaraciones que formuló, su asesor jurídico principal apareció olvidado de una norma legal que rige desde hace 28 años y, además, corto de sensibilidad ante lo que la vieja política nacional combatió como “implicancia” -palabra que el Diccionario de las Academias registra como uruguayismo, con la acepción de “incompatibilidad legal o moral”.
El tema en juego no es un asunto de dinero en que haya sido envuelto un gobernante.
Lo doloroso es tocar con los dedos la desprolijidad conceptual y sentir que, en un asunto menor y hasta doméstico, todo fue liviano, ya que no levantó vuelo la reflexión ni se profundizó en el asesoramiento al mandatario que la ciudadanía ungió en las urnas con el asentimiento de quienes no lo votamos.
Y lo doloroso es también asistir otra vez al intento de resolver los temas álgidos por golpes de efecto -en el caso, un regalo a los botijas- y no por principios jurídicos y republicanos. A eso nos llevan las campañas electorales montadas por asesores de imagen y no por el ideario de candidatos que vacían la plaza pública de pensamiento.
Y algo bueno hay en todo esto: quedamos obligados a avizorar que está llegando el fin de esta era, en la cual todo parece y nada es; la era en que la combinación de imagen y encuestas reemplaza el rigor del pensar; la era en que todo es tinglado del “imaginario colectivo”, todo es un magma dialéctico, sin valores permanentes y sin principios.
Asoma por allí el reencuentro de las personas con las cosas, con la sencillez primaria del Código Civil. Y allí fincan más esperanzas que las que puede suscitar un Presidente que también pasará.