Cuidadosos y prudentes

El modo de encarar el problema planteado por el fallo del juez Alejandro Recarey (que dispuso la “inmediata suspensión” de la vacunación contra el Covid-19 a menores de 13 años) fue correctamente señalado por el secretario de la Presidencia.

El modo de encarar el problema planteado por el fallo del juez Alejandro Recarey (que dispuso la “inmediata suspensión” de la vacunación contra el Covid-19 a menores de 13 años) fue correctamente señalado por el secretario de la Presidencia.

El mensaje de Álvaro Delgado fue claro. Primero: el fallo se acata. Segundo: es lícito opinar sobre el fallo sin desacatarlo (dijo que era “un disparate”). Tercero: se inicia el procedimiento judicial previsto para apelar el fallo.
Son tres pasos que dejan bien delimitado cuál es el margen de acción del Poder Ejecutivo (afectado por la medida) y cuál es el margen del Poder Judicial, al dejar en manos del Tribunal de Apelaciones la decisión final.
Más allá de lo que cada uno piense sobre el fallo de Recarey (y creo que somos mayoría quienes pensamos que fue un disparate o al menos algo parecido), manejar esta situación exige respetar las reglas de juego y permitir que ellas funcionen.

Algunos expertos ya se expresaron cuestionando el fallo. Están convencidos que será revocado por el Tribunal de Apelaciones.

En este diario se publicaron reflexiones del abogado y experto en derecho procesal, Santiago Pereira Campos, que sostiene que el fallo se revocará porque “es lo que corresponde” y fundamenta con rigor su postura.

En similar sentido se expresó uno de las más sólidos referentes en Derecho Constitucional, Martín Risso, quien cuestionó la falta de sustento científico en el fallo de Recarey. Risso cree que el fallo se recovará y no se repetirá en el país algo igual. Este fallo, dice, será visto “como una situación extraña en la historia judicial uruguaya”.

Ambos expertos son firmes en lo conceptual y en su visión jurídica del tema. Pero dan por sentado que hasta que el Tribunal de Apelaciones se pronuncie, el fallo rige y evitan opinar sobre el juez.

En este contexto, el diputado colorado Felipe Schipani se apresura, por decir lo menos, al hacer un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia para saber si esta tomará una resolución o si inició una investigación administrativa para verificar o descartar “la ocurrencia de actos irregulares o ilícitos” en la administración de Justicia.

Aún no se conoce la posición del Tribunal de Apelaciones pero ya, desde otro poder, un diputado quiere terciar en la discusión. Corresponde que esas investigaciones, si es que son realmente necesarias, las haga la propia Corte sin que nadie desde afuera presione sobre ella. El Poder Judicial tiene sus mecanismos para revisar, y en todo caso corregir, fallos polémicos. En este caso, solo hay que esperar unos días para ver qué sale de la apelación.
Por cierto, un legislador está habilitado a pedir informes también a la Suprema Corte de Justicia, aunque (como dice la Constitución), “no podrá ser objeto de dicho pedido lo relacionado con la materia y competencia jurisdiccionales del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo”.

Esta sería justamente una situación en que el diputado no debió hacer el pedido de informes porque al hacerlo se mete en “materia y competencia” exclusiva del Poder Judicial.

Hay una tendencia en los diputados oficialistas a reaccionar en forma impulsiva cuando desde otros terrenos (partidos opositores, sindicatos y organizaciones sociales) se cuestiona y obstaculiza la gestión del gobierno en el área que sea.

Es función de esa bancada defender al gobierno y desmentir los relatos falsos que tanto abundan. Y es natural que se sienta acosada por una exasperante y deliberada estrategia de trancar y trabar todo.

Pero la tarea exige que se haga con calidad. Enojarse es una cosa, pero caer en el permanente malhumor plañidero es otra y no siempre cae bien ni rinde desde el punto de vista político. El que pierde la calma, pierde.

Ese tipo de reflejo primario se vuelve más preocupante cuando el enojo se dirige contra otro poder por una vía que quizás no corresponda. En esto hay que ser muy cuidadoso.

En varios países de la región se están viendo embates desde los gobiernos y las bancadas oficialistas contra el Poder Judicial. Es la forma más certera, y artera, de horadar las instituciones y de a poco demoler el Estado de Derecho y así liquidar la democracia.

Esto se ve con claridad en Argentina, con un despiadado ataque a su Suprema Corte, lanzado por la propia vicepresidenta. Se trata de un operativo deliberado, hecho con vergonzoso desparpajo.

No sugiero que eso es lo que busca Schipani. No está ni cerca de pretender algo de tal dimensión. Pero hay que manejarse con mucha prudencia y evitar enviar señales confusas que alienten, en el mediano plazo, a que otros adopten actitudes indeseables y peligrosas para la estabilidad democrática.

Como dijo Delgado, el fallo es “un disparate”, pero se acata. Y se deja que en las siguientes instancias las cosas se aclaren y corrijan. En su independencia, el Poder Judicial tiene sus propios caminos para procesar situaciones tan complejas, y hay que dejar que los recorra.