Cuatro meses

Con gran sentido de la oportunidad, el gobierno eligió el 26 de mayo, el Día Nacional del Libro y del 209º aniversario de la inauguración de la Biblioteca Nacional, para anunciar el cierre de una institución que se remonta a la época de Artigas.

Inicialmente se cerró la Biblioteca al público, y se suspendieron las visitas guiadas, préstamos de sala y acceso a la Sala General con material propio. La flamante directora de la Biblioteca proclamó “Esto no es una retirada, sino un acto de responsabilidad institucional. Se trata de abrir un nuevo ciclo, con una visión de largo plazo”.

La medida causó controversia. La realidad es que las “cinco crisis” invocadas por las nuevas autoridades (personal, edificio, conservación de los materiales, acceso y “crisis de sentido”) no eran la gran novedad. Por décadas, sucesivos directores -incluyendo distinguidos escritores y técnicos- y los funcionarios, enfrentaron desafíos aún más importantes con los magros recursos que les suministraba el Estado, de la mejor forma posible y, fundamental, sin jamás pensar en cerrar la Biblioteca Nacional.

En junio, una marcha atrás: El País informó que la biblioteca se encontraba abierta al público general con agenda previa, en la medida en que las horas no estuviesen ocupadas por investigadores. El problema era que solamente había dos personas para atender el público y “así por agenda nos permite atender mejor”, explicaron los funcionarios. También informaron que “Estamos en proceso de diagnóstico, todavía no tuvimos acceso a toda la información, pero si tenemos puntos que nos alertan y nos llevan a tomar la decisión”.

Los acontecimientos han demostrado que la decisión de cerrar se tomó apresuradamente, sin un diagnóstico suficiente y que la situación en aquel momento no justificaba una medida tan drástica como apresurada.

Como vemos ahora se recibió una institución que, con todas sus dificultades, estaba en funcionamiento. En esas circunstancias lo sensato habría sido seguir el camino inverso: analizar los hechos, elaborar un diagnóstico; formular una estrategia en consulta con las instituciones culturales, la comunidad científica y los usuarios; conseguir los recursos para llevarla a cabo; y, al final, tomar las decisiones concretas.

Ahora, oportunamente, la Academia Nacional de Letras de Uruguay emitió una declaración donde explica que “con sentido constructivo”, se había abstenido de participar en la controversia causada por decisión tomada en mayo, y que había “ofrecido su colaboración para que la interrupción de actividades fuera lo más acotada posible”. Pero, continuó, esas instancias habían sido agotadas sin resultado alguno.

La Academia declaró “su preocupación por la situación planteada, en la que no parecen verificarse cambios en los inmediato”; reivindicó “como prioritaria y sin dilaciones la atención principal a los lectores, aunque sea en condiciones básicas, aunque sea en condiciones básicas, en tanto se instrumenten otras medidas de fondo”; y exhortó al gobierno para incluir en el futuro Presupuesto Nacional, recursos que le permitan a la Biblioteca reabrir sus puertas.

Sin embargo, el proyecto de Presupuesto Nacional enviado por el gobierno da pocos motivos para hacerse ilusiones. Tampoco se ha publicado el anunciado diagnóstico y la “visión de largo plazo” no está a la vista.