Uruguay necesita convocar a todos los que quieran mejor el Estado a una cruzada de sentido común por la simplificación de la normativa vigente. Para que abrir o cerrar una empresa unipersonal deje de ser un calvario, o para que un club de baby fútbol pueda mejorar su cancha sin exigencias eternas, es necesario que las personas se involucren.

El problema nace de una constatación compartida: detrás de la imagen de país ordenado y previsible, hay un Estado que complica lo que podría facilitar. Nos hemos vuelto un país donde emprender puede llevar más formularios que decisiones estratégicas, y en donde acceder a una ayuda pública exige recorrer oficinas como ciudades destino en la vuelta ciclista del Uruguay.

Simplificar no es restar, es hacer lo mismo más rápido y con menos burocracia, es permitir que el objetivo se cumpla mejor. Simplificar es contribuir a poner el Estado al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado. El camino es largo porque antes de simplificar el Estado, hay que entenderlo. Saber cuántas piezas lo componen. Cuántas hacen lo mismo sin saberlo. Cuántas compiten entre sí sin una razón clara. Hay demasiadas oficinas públicas que cumplen las mismas funciones… pero no se hablan. No se conocen. A veces, ni siquiera saben que existen.

Los funcionarios públicos no son el principal problema. Al contrario, son parte esencial de cualquier solución. Uruguay cuenta con gente valiosa en el Estado. Pero muchas veces están atrapadas en un sistema que no les permite avanzar. Un sistema que valora más el tiempo que llevan en el cargo que lo que logran en él. Hay que corregir la forma cómo se remunera, se capacita y se mide el desempeño. Hay que desafiar una de las consignas más dañinas: “eso siempre se hizo así”.

Desde el regreso a la democracia Uruguay aprobó cerca de 188.000 normas. Casi cinco por día. Y en la última década, el ritmo se duplicó, como si regular más fuera sinónimo de gobernar mejor. Cada norma nace con buena intención, pero la evidencia indica que, a más regulación, menos productividad y un costo de vida más alto.

Según el instituto canadiense Fraser, Uruguay se encuentra entre los países con mayores niveles de regulación, comparables a los de la Unión Europea. Y ahí radica una señal de alerta. Porque Europa, más que un modelo a seguir en este punto se ha vuelto un caso de estudio sobre cómo el exceso regulatorio puede frenar el desarrollo. Lo dijo sin rodeos Mario Draghi en su informe a la Unión Europea el año pasado: “la sobrerregulación está destruyendo a Europa”.

Reducir la carga regulatoria no solo es necesario, es posible. Australia lo demostró. A mediados de los años 80, el país vivía una situación parecida a la de Uruguay. Pero en lugar de resignarse, optaron por simplificar. Y no de forma improvisada, sino con una estrategia sostenida en el tiempo que logró reducir a la mitad el peso de las regulaciones, y mantenerlo bajo a lo largo de décadas. No fue una gesta atribuible a un partido o una ideología. Fue una política de Estado. Con alternancia entre gobiernos de centroizquierda y centroderecha, Australia creó instituciones sólidas, como la Comisión de Productividad, encargadas de revisar las normas de manera constante, profesional e independiente.

Uruguay necesita un proceso serio y profesional de simplificación regulatoria. Pero para que funcione, tiene que empezar por escuchar a quienes lidian todos los días con el laberinto normativo. Nadie conoce mejor los obstáculos que quienes los sufren. A veces, el cambio empieza con algo tan simple como levantar la mano. Desde Ceres invitamos a pasar de la queja a la acción y para ello abrimos un canal para hacerlo: uymassimple.ceres.uy. Un espacio donde cualquiera puede señalar esa regulación inútil, esa traba que impide avanzar. Cada contribución suma.

La transformación tiene que fluir desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. Tienen que hablar los que lidian con cada formulario, con cada permiso, con cada absurdo. Al fin y al cabo: ¿quién no se sintió impotente o molesto ante una lista insólita de exigencias del Estado para poder hacer algo?

Simplificar las trabas regulatorias no es solo reducir papeles o hacer más amables los formularios digitales. Es algo más profundo: es empezar a desatar uno de los nudos que impiden que el Estado funcione como debería. Y no, no se trata de una aplicación mágica ni de copiar modelos extranjeros. Se trata de asumir la responsabilidad. De cuestionar esas exigencias que se piden “por las dudas”. Y, sobre todo, de animarse a avanzar, aunque eso implique correr riesgos.

Dentro del Estado, será necesaria una dosis de humildad para reconocer lo que no funciona. Por suerte, el nuevo gobierno decidió poner este tema sobre la mesa y armó un equipo que ya se puso manos a la obra. Ahora falta lo más difícil: ir con todo.

No es momento de quejarse, sino de involucrarse. De denunciar malas experiencias y de sumar propuestas para desatar la maraña normativa que desde hace tiempo mantiene al país atado. Aportar experiencias para derribar obstáculos innecesarios sería, además de útil, una buena manera de conmemorar el bicentenario de la Cruzada Libertadora.