El Uruguay está viviendo una crisis política no prevista, a lo menos con la velocidad, intensidad y profundidad que esta presenta. Nada menos que el Canciller de la República debió presentar su renuncia al igual que lo hizo la vice canciller Carolina Ache. Aguardan resolución el acosado Ministro del Interior, el subsecretario de Interior Guillermo Maciel y el consejero presidencia Roberto Lafluf. Por más que ninguno de ellos apuró la expedición del pasaporte.

La dispar conducta de la coalición oficialista -incapaz de adoptar una posición común- señala la gravedad de la situación. El líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, el partido con menos sentido coalicional, sostuvo estar convencido que el Presidente tuvo participación en el escándalo. Piensa o sospecha que fue quien ordenó a Lafluf que solicitara a Maciel y a Ache borrar la conversación que mantuvieron sobre el narco y su pasaporte. “Claramente el señor Lafluf no actuó por cuenta propia. Quiero saber por qué actuó como actuó” sostuvo ante una televisora local. Estoy “convencido” reiteró, que el Presidente tuvo participación en el escándalo.

El pronunciamiento del senador, integrante de una conjunción de partidos que gobierna el estado no puede ser más agresiva. Revela una vez, más lo poco que este partido y sus autoridades se identifican con el gobierno y la oscuridad con que manejan su posición institucional, sabedores que sin ellos no hay mayoría parlamentaria ni gobierno que sancione su programa. Consideran que llegó el tiempo de mostrar los dientes.

El mayoritario Partido Nacional y el Partido Colorado, segundo integrante de la coalición, cuantitativamente hablando, mantienen una clara posición crítica respecto a lo sucedido pero no atacan al primer mandatario. Sostienen que Lafluf y Maciel deben poner a disposición sus cargos, algo que ya deberían haber hecho y declaran sentirse molestos. No obstante aguardan la llegada de Lacalle para adoptar posición definitiva. Lo propio hace el Partido Independiente quien considera que el Presidente debe despejar toda duda y políticamente hablando, llegar al hueso de lo ocurrido. Por último nadie, salvo Bordaberry parece defender a Carolina Ache, quien si bien reaccionó adecuadamente frente al delito que le propusieron tanto el Canciller como Lafluf, luego cayo en otro al no informarlo como correspondía, pese a que el mismo no se produjo.

En cuanto a la oposición frentista ha actuado como era esperable. Considera lo ocurrido como una crisis institucional definitiva que pone en peligro los fundamentos mismo del orden político nacional. Una suerte de terremoto constitucional. Pretende una reunión de oficialismo y oposición para emparchar el sistema. Nada más penoso -por aburrido, monótono, monocorde y falso en sus aspiraciones- que las declaraciones a los medios de Fernando Pereira. Un hombre que ni mira el pasado ni teme dirigir una coalición con preponderancia de partidos revolucionarios, como es el caso del Partido Comunista y el Socialista, pero mueve el cielo frente a lo que hasta ahora no es más que una falla administrativa, y alguna conducta individual indebida. Un fenómeno que debe combatirse pero que sucede en todos los gobiernos del mundo.