El contexto económico, como es natural, incide en las relaciones laborales. Estas como construcciones sociales que son donde interactúan el Estado, empresarios y trabajadores, necesitan formas de acción, donde las estrategias definen el nivel de confrontación y consenso entre las partes.

La economía es un condicionante clave de la baja conflictividad laboral en los años siguientes a la pandemia, fueron años en los cuales todos los actores de las relaciones laborales buscaron estrategias para convivir y sobrevivir a la misma. Existieron en ese tiempo de emergencia sanitaria, momentos bien marcados, de mucha tensión, donde se atendió la urgencia, la incertidumbre, el miedo, atravesando la recesión, pérdida de empleos, la adaptación a protocolos y la adopción de nuevos hábitos laborales.

La cuestión sanitaria, sin lugar a dudas, aceleró los cambios que se veían venir un tiempo atrás. La digitalización del comercio y la pujanza de las transacciones electrónicas han marcado un gran desafío.

El advenimiento de una realidad así, verdaderamente revolucionaria no puede ser atendido por un régimen laboral que está atado a una visión anticuada que solo se resiste a no evolucionar, es necesario que el derecho laboral se modernice y comprenda que sin flexibilidad no hay protección posible. Los empleos continuarán transformándose y esto generará nuevos conflictos laborales.

Actualmente, el escenario de la conflictividad laboral colectiva está muy marcado por ser el año previo a las elecciones. En ese sentido, el índice de conflictividad laboral resulta ser mayor por ser un momento coyuntural clave del movimiento sindical. Esto marca un matiz fundamental en unas relaciones laborales cruzadas en forma horizontal y vertical por un trasfondo ideológico que no deja de considerar a las mismas como una lucha donde se encuentran posiciones a conquistar, o por lo menos a no perder.

Relato que lamentablemente ha permeado en diversos actores sociales, y también en parte de la academia.

Asumir como propio el discurso del adversario es quizá otro de los males del mundo de lo políticamente correcto y la cultura de la cancelación que impera. Con este lastre ideológico como marco del escenario es que hay que lidiar con la difícil tarea de modernizar el derecho del trabajo en Uruguay, en un contexto fundamentalmente adverso al cambio, y por ende de características monolíticas. Todo lo contrario, a progresista.

Al punto que derechos y obligaciones se entremezclan con pretensiones de índole no jurídica provocando un entorno convulso de asimetrías dispares, donde en lo colectivo suele predominar el elemento obrero -con consignas muchas veces lejanas al puro derecho, y estrictamente políticas-, por contrario al escenario individual donde el cerno de las diferencias sí son derechos en pugna.

Como sociedad, debemos ser capaces de postergar las diferencias, y de entender que somos una unidad. Que nadie es mejor ni tiene más derechos que otro. Que la lucha de clases es argumento de venta de unos pocos, que las relaciones laborales deben ser más flexibles, más justas y ecuánimes, y así abrir la puerta al desarrollo. Hay un mañana mejor, y solo depende de nosotros construirlo.