¿Condenados a ser caros?

Recientemente en una conferencia el ministro Oddone afirmó “Uruguay, un país barato, muy difícil” y brindó una argumentación para sostener esta afirmación. Algunos de los puntos planteados son atendibles: la escala nos juega en contra (aunque creo que en menor medida que la importancia que le otorga el ministro) y nuestra “preferencia” por un estado grande ciertamente es un problema. Ahora bien, de allí a concluir que no es posible recudir costos media un abismo.

En primer lugar, nuestra economía sigue siendo relativamente cerrada gracias a los aranceles del Mercosur, la tasa consular vernácula y las distintas barreras a la entrada de bienes. La concreción del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea es una muy buena noticia como los avances con el acuerdo Trnaspacífico, pero los costos más significativos dependen de decisiones unilaterales que podemos tomar nosotros mismos. Es necesario trabajar en la baja de estas barreras que generan mercados poco competitivos y, por tanto, encarecen precios domésticos.

En segundo lugar, es necesario modernizar la legislación laboral que hace que nuestro país tenga una brecha salarial -la diferencia entre lo que le cuesta a una empresa pagar un salario y lo que efectivamente recibe el trabajador- extraordinariamente alta en cualquier comparación. Adicionalmente, una regulación sobre negociación colectiva vetusta hace que en el mundo actual la fijación de salarios sin tomar en cuenta tamaño de empresa, localización o grado de dinamismo sea directamente absurdo. Si también tomamos en cuenta descripciones poco realistas de descripción de tareas o de licencias vemos que la sumatoria de dislates suman costos que perjudican a empresarios y trabajadores.

En tercer lugar, es necesario mejorar la regulación de varios mercados sensibles para los costos de vida de las personas y de producción para las empresas. Una gran cantidad de mercados, comenzando por los combustibles y la energía, podrían funcionar mejorar con mayores niveles de competencia. De la misma forma existen muchos mercados de bienes de primera necesidad para la población, como frutas o verduras o productos de higiene personal que tienen barreras a la competencia que no se justifican. El conjunto de regulaciones microeconómicas que encarecen la economía uruguaya en su sumatoria son un factor muy relevante sobre el que puede actuar la política pública.

En cuarto lugar, un Estado elefantiásico en su tamaño y desbocado en sus funciones resulta un palo en la rueda extraordinario para el crecimiento e introduce muchos costos visibles e invisibles. La carga tributaria es excesiva, así como las tarifas de las empresas pública que cubren sus ineficiencias y subsidios cruzados. Existen numeras oficinas que no tienen razón de ser y cada vez queda más claro cuando la inteligencia artificial permite reducir la burocracia de forma que mejoraría notoriamente la vida de los contribuyentes y de todo aquel que debe lidiar con el aparato estatal.

La lista podría seguir, pero con los puntos expuestos queda claro que Uruguay podría ser un país más barato para vivir y trabajar con algunas medidas que están dentro del alcance de las decisiones de un gobierno. Más allá de la escala y nuestras preferencias como sociedad no es razonable resignarnos a que no es posible bajar los costos que mejorarían la vida de los uruguayos.