La libertad de pensamiento es un derecho fundamental protegido en la Constitución de la República. Ahora, cuando se tiene la responsabilidad de expresar la posición de un colectivo y particularmente de un país, la coherencia es una virtud que se debe cuidar. Increíblemente a nadie le asusta que el ordenamiento jurídico nacional e internacional sea vapuleado, que los legos con total soltura expresen que sobre todas y cualquier norma hay dos bibliotecas.
No, quienes con seriedad interpretan el derecho pueden tener matices pero no interpretaciones absolutamente opuestas, los principios generales de derecho son ignorados sin el menor reparo llegando a interpretaciones contrarias a derecho y terminan en arrebatos que derivan en decisiones equivocadas y hasta bochornosas en ocasiones.
Estas situaciones son hijas del desprecio por el marco jurídico, priorizando impulsos derivados del rencor, intereses políticos o vaya a saber uno las razones para tales inconductas.
Los ejemplos son múltiples en lo interno, tomando pretendidas decisiones que exceden competencias de sus cargos o peor aún sin la más mínima facultad para resolver en una u otra dirección, que más temprano que tarde terminan siendo desautorizadas dentro del mismo círculo del poder.
En lo internacional resulta aún más gravoso cuando el país navega por aguas tormentosas y desvía el correcto rumbo de quien debe dirigir nuestro barco.
Más allá del concepto que se pueda tener de los organismos internacionales que también muestran en muchos casos un transitar equívoco, es prioritario que el país tenga un sendero claro, que no tome posiciones derivadas de amiguismos circunstanciales o intereses ocultos.
La situación de Venezuela es de absoluto desastre humanitario, tanquetas que pasan por arriba de manifestantes, personas arrastradas a golpes hacia el centro de torturas, elecciones robadas, presidente electo legítimamente ignorado y ello no le es suficiente a algunos para condenar el régimen.
En circunstancias en que en nuestro país regía un gobierno de facto, fruto de un caos causado por los terroristas en los años 60, en plena democracia, corrían unos y otros solicitando a gobiernos amigos que intervinieran en contra del gobierno nacional. Peor aún, los terroristas recibían capacitación para la revolución y uso de armas e incluso armas y gente para el levantamiento contra el orden institucional, previo al gobierno de facto.
Pregunto: eso no era injerencia de esos países amigos de la revolución en nuestro país, con un agravante nada menor, que esos grupos revolucionarios se habían levantado contra gobiernos legítimos.
Venezuela está atrapada en la violencia interna, el hambre y la ausencia de derecho por un ejército dominado por el dictador, una trampa de la cual es difícil de salir, cualquier manifestación contraria al régimen es sancionada con violencia y privación de libertad. La diáspora de Venezuela, como los opositores al gobierno de facto lo hicieron en nuestro país, solicitaron apoyo a quién podía dárselo.
Seamos coherentes señores si van a sancionar la acción de Estados Unidos condenen la ausencia total de respeto a los derechos humanos en Venezuela desde Chavez hasta el presente.