Cardama: hay ganadores

Es tema patrio la defensa de la soberanía nacional respecto de nuestro espacio marítimo. Constituido por 12 millas náuticas desde la nuestra costa; las 24 millas contiguas; la zona económica exclusiva con derechos de explotación donde tenemos derecho en hasta 200 millas náuticas más allá del mar territorial; y 83.000 kms.2 de plataforma continental reconocida por la ONU.

Hasta el presente este espacio está librado a la pesca clandestina por barcos extranjeros, a actividades irregulares del color que sea y… al narcotráfico. Decía Arnold Toynbee que todos los pueblos antes que cualquier otra cosa son nacionalistas ¿Cabe algo más nacional que la defensa del espacio físico propio?

El narcotráfico es la primera causa que impulsa al delito en la sociedad uruguaya. En esta realidad se inscribe la compra de dos patrulleras oceánicas para defender la soberanía marítima dispuesta por el gobierno del Dr. Lacalle Pou. Así, tras un proceso licitatorio complejo, se celebró un contrato con el astillero español Cardama.

El Frente Amplio en sus 15 años de gobierno nada hizo en este tema. Durante la administración de la coalición republicana se negó a colaborar en la compra de las naves citada. Y, ahora, en una operación política, promovida desde la prosecretaría de la presidencia de la República por su titular el Dr. Jorge Díaz, se iniciaron con escándalo público acciones -civiles y penales- que han llevado a la rescisión del citado contrato. Actualmente es imposible llegar a conclusiones fundadas sobre la materia. No se puede compulsar el expediente licitatorio y -además- el asunto ha pasado a consideración de una comisión parlamentaria.

En el terreno judicial y económico antes de que haya sentencia ya hay ganadores. No lo son ni el Estado, ni los contribuyentes, y ni siquiera el sector político que arteramente promueve las acciones citadas. Serán: los estudios locales, los estudios internacionales, los peritos, los traductores, los expertos navales, y un universo ajeno a las necesidades primeras del pueblo uruguayo. Suman eventualmente la ejecución de sentencia y los gastos administrativos y judiciales. La empresa demandada ¿contrademandará? Y, ¿tendrá solvencia para pagar cualquier condena? Es razonable concluir que el país no tendrá resultado económico favorable como resultado de la aventura.

Todo es maquinación electoral. La duración de las actuaciones litigiosas en el país y fuera de él llevará años y su vigencia estará presente en la conmoción pública cuando las próximas elecciones. Un gobierno sin programa tapará así su gestión con nubes de humo.

Entre nosotros la materia debió ser objeto de un diálogo nacional orientado a ver si superando objeciones era posible recomponer el contrato con Cardama y avanzar en la construcción de las naves. Y, si esto no procedía, para el cierre contractual debía recordarse que “más vale lograr un mal arreglo que un buen juicio”. Esta línea se corresponde internacionalmente con gobiernos que han actuado -en casos parecidos- como administradores de bienes que son de su población.

La otra actitud es la litigiosa. Se judicializa todo, se inflan montos, se escandaliza, se alargan los procesos y pierden los contribuyentes y la credibilidad del Estado. Esta posición suele vincularse con experiencias de la industria naval argentina. Es la que ha elegido el gobierno de nuestro país.