Bajando la vara

Desde hace ya varios días nuestra agenda política se ha concentrado en los problemas vinculados a los vehículos del Presidente Orsi, el principal problema no ha sido un problema de comunicación, como se ha buscado destacar por parte del Gobierno, sino una sorprendente confusión sobre qué bienes corresponden al patrimonio personal, al patrimonio partidario y al patrimonio estatal y de qué manera se produjeron las correspondientes adquisiciones, a qué título fueron realizadas, si por compraventa o donación, y sobre de qué forma se produjeron los pagos correspondientes.

En función de diferentes declaraciones y documentación se ha intentado aclarar la situación y, lamentablemente, como en el dicho popular, la respuesta más obvia es “no aclare que oscurece”.

Hemos observado con perplejidad cómo las sucesivas instancias de explicación y fundamentación, lejos de disipar las dudas, mostraron nuevos hechos y conductas que abrieron otras facetas sorprendentes sobre el tema en cuestión.

Veremos qué ocurre en los próximos días y cómo se dilucidan los acontecimientos, pero conviene reflexionar sobre lo ocurrido más allá del tema específico. En primer lugar, vale señalar que el origen de estos episodios está en las imprecisiones y errores cometidos en los contenidos de las Declaraciones Juradas ante la JUTEP.

Al respecto vale indicar que este hecho ha quedado prácticamente olvidado por la aparición de nuevas situaciones que concentraron la atención pública, pero lo cierto es que resulta relevante destacar que una Declaración Jurada Patrimonial constituye un documento de valor en el que la persona obligada firma una declaración sobre su patrimonio. En ella afirma, bajo su responsabilidad, que lo declarado concuerda con la realidad y por lo tanto debería ser muy precisa y veraz.

Debilitar la importancia de estas declaraciones es un camino muy riesgoso y contrario a las reglas de la ética pública. Estos instrumentos fueron diseñados, no sólo en nuestro país sino en todas las democracias del mundo, para controlar los riesgos de corrupción y evitar que los ciudadanos que asumen responsabilidades de gestión pública no actúen con decoro y transparencia.

Del mismo modo, debe señalarse que la propia institución pública, la Junta de Transparencia y Etica Pública ha ido perdiendo jerarquía en los últimos tiempos por una serie de actuaciones en las que quedó en evidencia que los intereses partidarios de algunos de sus integrantes predominaron sobre los principios generales del derecho y los valores de ética pública que deben defender.

Esta situación ha llegado a tal punto, particularmente en el caso de la evaluación de la conducta del actual Presidente de ASSE, que el pronunciamiento de los dos representantes del gobierno en este organismo frente a la situación mencionada, con respecto al vehículo que adquirió el Presidente, tenga un valor muy relativo, en la medida que buena parte del sistema político y de la ciudadanía no le reconoce la ecuanimidad e independencia de criterio que debería tener.

Esto es muy peligroso y grave para la institucionalidad del país.

Lamentablemente, el sistema político, y en esto nos corresponden responsabilidades a todos los partidos, hemos actuado como si la elección de los integrantes de la JUTEP fuera similar a la de otros entes e instituciones del Estado, aceptando que este organismo integre la lista de aquellos que se distribuyen por cuota partidaria.

Debe recordarse que la integración de la JUTEP, cuando se creó este organismo, se definió con la idea implícita de que debían ser personas de larga y destacada trayectoria en el mundo del Derecho, así como ajenos a las representaciones partidarias. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo esos criterios fueron olvidados. A esta altura de los acontecimientos, hay que preguntarse si no deberían incorporarse modificaciones normativas que exijan ciertos requisitos de trayectoria profesional vinculados al ejercicio de la judicatura y ausencia de participación en cargos de confianza políticos durante un cierto período previo a su designación.

De todas maneras, más allá de estas reflexiones referidas a la JUTEP y las Declaraciones Juradas, lo ocurrido en estos días afecta de manera directa la imagen que todos los jerarcas públicos deberían preservar con sus conductas.

Nuestro funcionamiento democrático es una garantía frente a la irrupción de los “outsiders” o de la “antipolítica”, pero esa garantía no es eterna, sino que debe cultivarse todos los días. Ningún país es invulnerable, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con “bajar la vara” con la que medimos nuestra transparencia y desempeño en la función pública.

Episodios como este le hace un muy flaco favor a la preservación de estos valores públicos.